El vicealcalde del Ayuntamiento de Cartagena, Agustín Guillén, tendrá que declarar como imputado ante la titular del juzgado de Instrucción número 3, que investiga la posible comisión de un delito de prevaricación urbanística por autorizar, cuando era concejal de Urbanismo, la construcción de una vivienda en suelo protegido de Perín sin la autorización de la Dirección General del Medio Natural. A instancias de la Fiscalía, el juzgado también ha imputado por el mismo caso a la jefa del Gabinete Jurídico de Intervención Urbanística del Ayuntamiento.
El político y la funcionaria han sido citados para declarar el 12 de enero del 2010. Dos arquitectos municipales comparecerán también como testigos.
El propio Guillén confirmó su imputación en una rueda de prensa convocada ayer por la tarde para dar ahora explicaciones públicas y tratar de zanjar el tema hasta que comparezca en el juzgado. «Todos los detalles debo darlos allí», advirtió. También habló para respaldar el trabajo de los técnicos de Urbanismo, su anterior destino. «Doy la cara por todos los trabajadores», añadió.
Próxima a Barreiro
Guillén también se refirió a la asesora municipal Dolores Galindo, que en octubre de 2007 fue designada como coordinadora de exposiciones. Su esposo, José Luis Botella, fue quien pidió la licencia de obras. «Pero fue un año antes de su nombramiento», matizó el vicealcalde. Por entonces, Lolo Galindo lideraba el movimiento ciudadano a favor de la peatonalización del casco antiguo y era uno de los principales apoyos de la alcaldesa, Pilar Barreiro.
El político achacó todo el proceso judicial a un error cometido por Urbanismo y subsanado cuando fue detectado. También dejó la puerta abierta a que se trate de una venganza: la Fiscalía comenzó a investigar tras recibir una comunicación de un vecino de Perín, Antonio Martínez Díaz, que, según Guillén, acumula 14 expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas. El vicealcalde recordó que en la parcela de Perín no han construido aún.
Todo se remonta al 8 de septiembre del año 2006, que fue cuando José Luis Botella pidió autorización municipal para construir una vivienda unifamiliar en el paraje de Las Pinchas de Perín.
Como cualquier otra petición de licencia, según Guillén, el proyecto pasó a los servicios técnicos de Urbanismo para su revisión e informe. En este caso, el arquitecto municipal que debía cumplir con ese trámite lo dejó en manos de otro funcionario porque los autores del proyecto eran sus hijos. «El arquitecto que informó, que no es el que conoce la zona, dio la licencia como un trámite habitual sin tener en cuenta que seis meses antes había sido aprobado provisionalmente el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Cabo Tiñoso, La Muela y monte Roldán, por lo que era necesario un informe previo de la Dirección General del Medio Natural».
El propio Guillén firmó la licencia de la casa el 19 de diciembre del 2006 con todos los informes jurídicos a favor. Sin embargo, el 27 de febrero de 2007, un ciudadano llamado Pedro Liarte compareció en la Concejalía de Urbanismo para advertir de que habían dado licencia para construir la vivienda sin los informes de la Dirección General del Medio Natural.
«Los técnicos comprobaron que, efectivamente, había sido así y dos días más tarde yo mismo firme el decreto de suspensión de la licencia. En la parcela no habían hecho nada», añadió Guillén.
Tras una serie de trámites realizados por el servicio de Disciplina Urbanística, José Luis Botella reinició las gestiones para obtener la licencia de obras. Esta segunda vez, el Ayuntamiento envió el expediente a Medio Natural y la obra fue autorizada.
El pasado 1 de abril, el Ayuntamiento concedió un nuevo permiso. «La licencia está ahora en trámite de caducidad porque ya han pasado más de seis meses [desde su concesión]», añadió.
Niega la denuncia
El vecino de Perín que dio origen a la investigación judicial matizó anoche que él no puso ninguna denuncia sino que comunicó a la Fiscalía que mientras vecinos del pueblo tenían que esperar más de un año para obtener licencias urbanísticas, a otros se la daban en tres meses. «La Fiscalía ha revisado el expediente y algo habrá visto cuando han imputado a estas dos personas. Pero yo también soy otro perjudicado», aseguró Antonio Martínez, también llamado a declarar. Y replicó a Guillén: «Yo tengo expedientes sancionadores, pero no estoy imputado».
