Los letrados Francisco Valdés Albistur y Antonio José Madrid, que defienden los intereses a decenas de afectados por la compra de viviendas en la urbanización Trampolín Hills Golf Resort, no discreparon ayer de la decisión de la juez instructora de fijar una fianza de 30 millones de euros, pero sí del hecho de que haya rechazado dictar auto de prisión preventiva contra el promotor Antonio Martínez. «Consideramos -explicaron los letrados- que el hecho de que se haya establecido esa fianza, nada menos que de 5.000 millones de pesetas, a una sociedad que se constituyó con una capital social de 3.000 euros, pone de manifiesto la gravedad del asunto del que estamos tratando. No dictar auto de prisión en este caso, sin que se haya encontrado el dinero y con la gran cantidad de afectados que hay, supone un agravio comparativo respecto de otros empresarios que, con mucho menos, han ido a la cárcel».
Los abogados consideran además que «existe un riesgo evidente de fuga de esa persona», toda vez que el dinero a cuenta que entregaron los clientes, y que suma unos 52 millones de euros (casi 9.000 millones de pesetas), no ha aparecido.
