CINCO AÑOS DE POLÉMICA
El horizonte se perfila muy negro para Trampolín Hills. Las malas noticias para la empresa no vienen solas, sino de dos en dos. La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Mula dictó ayer un auto en el que se le exige a Antonio Martínez y Rafael Aguilera, promotores de la fallida macrourbanización en Campos del Río, 30 millones de euros de fianza a fin de responder a las responsabilidades civiles que les reclaman numerosos afectados por este proyecto, y que ya han presentado sus querellas por un presunto delito de estafa en el juzgado muleño. El auto alerta de que, si este importe no se entrega en un plazo de 24 horas, se procederá al embargo de bienes.
Esta resolución judicial explica que, a tenor de las diligencias practicadas hasta el momento, «existen indicios suficientes» de que, al menos desde marzo del 2005, Trampolín Hills vendió numerosas viviendas en el Paraje del Barril de Abajo de Campos del Río en terrenos calificados como rústicos, «sin las debidas licencias y antes incluso de suscribir convenio urbanístico con el Ayuntamiento». La juez afirma, además, que la empresa lo hizo cuando contaba con un capital social de sólo 3.000 euros, careciendo de patrimonio y financiación por entidad crediticia.
En los contratos firmados en esas fechas, explica el auto, «se hacía constar una sucinta descripción capciosa de la calificación urbanística de los terrenos» y del estado de las negociaciones con el Consistorio. Nada que dejara entrever a los clientes que algo andaba mal en ese proyecto.
Para los primeros clientes, la empresa puso a su disposición una cuenta en La Caixa, en la que realizaban sus ingresos y éstos quedaban cubiertos por el aval de la caja. Este modo de operar, sin embargo, varió en los meses posteriores, tal y como recoge el auto. «Posteriormente Trampolín Hills, huyendo del control de la entidad garante y del coste que el aval implicaba, empezó a utilizar otros modelos». A partir de ese momento, los clientes, o bien no consignaban su dinero a ninguna cuenta, o lo hacían en una cuenta que, creían era la exigida, pero que no era más que una cuenta corriente ordinaria. Trampolín comenzó a disponer del dinero de sus clientes para sus gastos. «Utilizaban las sumas entregadas como medio de financiación».
Pese a que las obras en Campos del Río estaban totalmente paralizadas, los clientes siguieron acometiendo sus pagos «ante las explicaciones de los comerciales de Trampolín sobre la viabilidad del proyecto y la falta sólo de unos pequeños detalles». La realidad es bien diferente. Trampolín sigue, cinco años después de lanzar el proyecto, sin licencia de obras.
Para lograr la confianza del cliente, los promotores de Trampolín aseguraban, en el contrato, que las entregas monetarias estaban «garantizadas por la garantía empresarial» de la empresa o bien por un aval de Swiss Finantial Corporation. Las dos opciones resultaron ser cortinas de humo. La juez considera, en el auto, que Martínez y Aguilera sostenían esa argumentación conscientes de que su empresa «no podía garantizar cantidad alguna y para lograr una aparente solvencia» y de que Swiss Finantial carece de autorización para trabajar en España. Movimientos presuntamente conscientes con el fin de que los clientes siguieran abriendo sus billeteras.
Esta reclamación judicial no fue, sin embargo, el único susto de la jornada para estos empresarios. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha decidido declarar a Trampolín Hills en concurso de acreededores ante sus muchas deudas. Una decisión judicial que podría suponer el golpe definitivo para un proyecto que arrastra más de cinco años de tribulaciones y polémicas.
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