Como el ave carroñera que daba nombre a su despacho profesional -bautizado como Gyps Fulvus S.L., nombre latino del buitre común-, Mariano Ayuso no desperdiciaba ni las sobras. A raíz de que en el año 1997 asumió el puesto de arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Los Alcázares, este profesional se habría aprovechado de su cargo público para ir desviando hacia el citado despacho «un número «enorme y desproporcionado» de proyectos urbanísticos de la localidad, haciendo una competencia desleal al resto de arquitectos de la zona y con el evidente objetivo de enriquecerse. El Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU), que ha realizado a lo largo de meses una exhaustiva investigación, considera que a la vez que supervisaba formalmente el urbanismo municipal, llegó a diseñar desde Gyps Fulvus S.L. los proyectos de media docena de hoteles, más de 2.500 viviendas de nueva planta (colectivas, unifamiliares, apartamentos...), más de 220 ampliaciones de viviendas ya existentes, multitud de reformas y rehabilitaciones, demoliciones...
Para soslayar la clara incompatibilidad profesional en la que estaría incurriendo al compaginar su cargo público con los encargos privados, Ayuso habría puesto su despacho profesional a nombre de su hermano Juan Ignacio, y además contaba con un grupo de arquitectos que, a cambio de remuneraciones económicas, le prestaban su firma para que no fuera él quien figurara en los proyectos.
El arquitecto municipal fue detenido en enero del 2008 por su implicación en la denominada Operación Ninette contra la corrupción urbanística en Los Alcázares, y se le imputa una infinidad de delitos, entre los que figuran blanqueo de capitales, evasión de impuestos, cohecho, prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias, entre otros. También fue arrestado su hermano Juan Ignacio y varios de los arquitectos que vendían su firma permanecen imputados.
Múltiples infracciones
El resultado de la investigación del COAMU se resume en más de 70 folios, que constituyen la resolución del expediente disciplinario que se le abrió a Ayuso y a otros cuatro arquitectos. El objetivo de este expediente, que nada tiene que ver con las diligencias judiciales, no era otro que depurar las responsabilidades que hubieran podido cometer como colegiados, por vulneración de los estatutos de la profesión y de las normas deontológicas.
En el caso del ex arquitecto municipal de Los Alcázares, el Colegio ha considerado probado que incurrió en una amplia serie de infracciones, algunas calificadas como «muy graves», como no someter al visado colegial los proyectos realizados para la Administración, incurrir en incompatibilidades por razón de su cargo público, no atender debidamente los encargos y causar perjuicio a los clientes debido al «enorme y desproporcionado» volumen de proyectos asumido, no actuar con honradez y veracidad en su cargo de arquitecto municipal y aprovecharse de ese puesto «para obtener situaciones de provecho propio y de terceros», haberse procurado trabajo profesional con ventaja y hacer una competencia desleal a sus compañeros de profesión, y haber fomentado la realización de trabajos de arquitectura por quien no reunía la cualificación necesaria para ello.
Desde su propio puesto municipal, Ayuso llegaba a «informar favorablemente sobre obras y proyectos realizados en su propio estudio profesional, firmados por otros arquitectos (que prestaban su nombre a cambio de dinero) y que han puesto en una situación de concurrencia de intereses particulares y generales de forma equívoca e irregular.
Curiosamente, el Colegio Oficial destaca que Mariano Ayuso fue nombrado arquitecto municipal por un tribunal constituido por personas que habían sido clientes suyos. Esto es, personas a quienes había redactado proyectos urbanísticos particulares, entre los que figuran quien era entonces el alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero; el secretario municipal, Diego Sánchez; su hijo, el jurídico municipal Juan de Dios Sánchez, el concejal de Urbanismo Alfredo Blanco y los hermanos de dos concejales socialistas.
Duras sanciones
Tras la investigación realizada, el Colegio considera que Ayuso infringió al menos 22 preceptos de los estatutos profesionales y de los códigos deontológicos, lo que constituye una infracción muy grave, y ha decidido su expulsión del COAMU. Por lo que se refiere a los arquitectos que según el colegio le prestaban la firma, con el fin de ocultar que era en realidad Ayuso quien realizaba los proyectos, ha impuesto duras sanciones a tres de ellos: Miguel Ángel G.I., suspendido del ejercicio profesional por un año y medio; José Antonio V.M., suspendido por seis meses, y el arquitecto municipal de Cartagena Enrique S.M., suspendido por dos años.
En parte, estos tres profesionales le deben haber sido sancionado al propio Ayuso. Fue éste quien, en una de las alegaciones presentadas en el expediente, señaló que «suponemos que todos los profesionales mencionados (los que le prestaban la firma) tendrán abiertas sus correspondientes diligencias, pues no tiene sentido que se nos acuse sólo a nosotros. El Colegio, en eso sí, le dio la razón.
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