Los agentes económicos y sociales reaccionaron ayer con inquietud, preocupación y hasta malestar ante los recortes presupuestarios realizados por el Gobierno regional en más de 60 partidas presupuestarias, muchas de ellas correspondientes a gastos educativos, sanitarios y de inversión en infraestructuras.
De los 28,8 millones de euros obtenidos con estos recortes, 25,4 se transfirieron al fondo de contingencia para hacer frente al aumento del gasto de personal, y los 3,4 restantes se derivaron a la sociedad pública Región de Murcia Turística para «promoción», según indicó la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García.
La principal partida afectada por las dos modificaciones presupuestarias, aprobadas por Consejo de Gobierno los días 2 y 9 de octubre, es para la dinamización y mejora de la industria agroalimentaria, que pierde 4,5 millones de euros.
El presidente de la Agrupación de Conserveros y Empresas de Alimentación, José García Gómez, indicó que «resulta desalentador que haya recortes en sectores que son refugio en época de crisis, como la industria agroalimentaria».
El empresario expresó su disconformidad con que «ese dinero vaya a cubrir compromisos salariales que se podían haber atrasado, ya que con la crisis tan profunda que vivimos resultan desfasados».
El empresario señaló que «el consejero nos dijo que iba a pelear hasta el último momento por los fondos presupuestados. Tenemos asumido que es época de recortes, pero no esperábamos que fuera tanto».
El secretario general de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, José María Riquelme, aunque con cautela y mesura, cuestionó la idoneidad de reducir las inversiones en infraestructuras y que no se mire con idéntico criterio otro tipo de proyectos.
«Siempre defenderemos que se destine a infraestructuras cuando más dinero mejor -declaró Riquelme-, y comprendemos que haya que hacer un esfuerzo para contratar más personal para sanidad y educación. Otra cosa distinta es homologar el sueldo de los funcionarios y que haya pactos de subidas salariales en la actual coyuntura de crisis y cuando ya se sabía que la reducción de ingresos iba a ser notable».
Recordó que «por cada euro que la Administración invierte en infraestructuras, retorna medio euro a las arcas públicas por el cobro de impuestos y otros ingresos».
Riquelme no objetó que una parte de los fondos recortados se desvíen a la promoción turística, pero añadió que «no se entendería que otros proyectos culturales no se miren con el mismo criterio. Los proyectos culturales son muy necesarios, pero en una crisis como la actual debemos elegir muy bien en qué nos gastamos el dinero». A pesar de los recortes, Riquelme se felicitó por que el nuevo Plan de Vivienda no haya sufrido recortes y alabó «el criterio de la Comunidad».
Entre las partidas que sufren una reducción de su dotación presupuestaria se encuentran la duplicación de la calzada de acceso a Escombreras (pierde 1,9 millones de euros), los accesos al futuro aeropuerto (-550.000 euros) y el convenio con el Ayuntamiento de Lorca para las rondas central y sur de la ciudad (1 millón de euros menos).
Servicios básicos
Dentro de Obras Públicas también son significativos los recortes de 750.000 euros para la redacción del plan de accesibilidad al Valle de Escombreras y la misma cantidad para la construcción del aparcamiento de camiones en Los Martínez del Puerto.
Siete de los proyectos afectados por el tijeretazo forman parte del Plan de Dinamización Económica, aprobado en marzo del pasado año con vigencia hasta 2012, y cuya finalidad era hacer frente a la crisis económica.
Los recortes también afectan por un importe de casi dos millones de euros a obras y mejora de centros educativos y de salud.
El secretario regional de UGT, Antonio Jiménez, calificó de «reprobables e inadecuados los recortes en servicios básicos, pero más reprobable es que el Gobierno regional trate de culpabilizar a los empleados públicos de estos recortes, porque los 25 millones de euros que van al fondo de contingencia no van a pagar las nóminas, que es una obligación legal de la Administración pública».
Para Pedro Manuel Vicente, secretario de la Federación de Enseñanza de CC OO, «tanto la educación como la sanidad son piezas intocables que garantizan la cohesión social y el estado de bienestar, por lo que estos recortes ponen en evidencia el discurso del PP, contradictorio con sus anuncios de que la educación es un valor imprescindible para salir de la crisis y cambiar el modelo productivo». El dirigente sindical advierte que «dejar de invertir en educación e investigación provocará que salgamos más tarde de la crisis y más débiles».
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