Si dos ex altos cargos del Gobierno regional cometieron o no delito en su actuación sobre Puerto Mayor es algo que tendrá que ser determinado en un futuro. Pero, desde luego, lo que no puede hacerse en estos momentos es rechazar de plano la posibilidad de que incurriesen en prevaricación. Menos aún cuando de la investigación judicial practicada se deduce que el comportamiento en este asunto por parte del que fue director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y del ex director general de Transportes y Puertos, Marcos Ortuño, «proyecta un indiciario matiz de arbitrariedad en el ejercicio del poder público».
Tal es la postura que mantiene la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Juan del Olmo, aprecia que existen «sospechas racionales fundadas de infracción criminal» en la actuación de la Administración regional sobre el asunto Puerto Mayor. Por ello, y ante la necesidad de seguir practicando diligencias que aporten más luz sobre el caso, el tribunal revoca el auto de archivo que dictó el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia y ordena a su titular que continúe con la investigación. Así, deberá practicar una serie de diligencias que ha solicitado el Ministerio Fiscal, «y cuantas otras permitan precisar las omisiones señaladas en la presente resolución».
Las omisiones a las que se refiere la Audiencia Provincial se centran en la actuación de Alvarado y Ortuño a partir del momento, en el año 2003, en que tomaron posesión de ambas direcciones generales. Cuando ambos llegan, respectivamente, a los departamentos de Calidad Ambiental y de Puertos, el expediente sobre Puerto Mayor llevaba meses en punto muerto. Es entonces cuando la mercantil Puertomayor S.A. dirige una solicitud a la Dirección General de Puertos para que desbloquee las obras que está realizando en La Manga.
Resolvió quien no debía
Pese a que esa petición iba dirigida a Puertos, no se incluyó en el expediente de ese departamento y pasó -sin razón aparente alguna- a ser incluida en el que se tramitaba en el departamento de Calidad Ambiental. De esta forma, Alvarado decidió por su cuenta levantar la suspensión que pesaba sobre las obras y ello, según señala la Audiencia, «sin dar explicación alguna sobre la forma en que una petición formulada frente a otra dirección general llega a unirse al expediente (de Calidad Ambiental), y él mismo resuelve sobre una solicitud que encuadraba manifiestamente en otro expediente (el de Puertos)». El mismo reproche, sólo que al contrario, hace el tribunal a Ortuño, por no explicar cómo esa petición de Puertomayor S.A. llega a Calidad Ambiental y la resolvió quien no debía.
Ortuño, señala la Audiencia, «no controló una actuación absolutamente extraña con relación a una petición formulada a su Dirección General, y que se hizo llegar a otra Dirección General de distinta Consejería para que resolviera, no siendo competente y, lejos de corregir esas anomalías, omitió cualquier control propio o solicitud de informe a los Servicios Jurídicos de su Dirección General, facilitando una notificación sólo a la entidad Puertomayor S.A, y no a las Administraciones Públicas interesadas».
Pese a todos esos puntos oscuros, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia decidió archivar las diligencias, por entender que no existían indicios de delito. Algo que ahora le ha valido a la juez que sobreseyó el caso, Isabel María Carrillo, un fuerte varapalo de la Audiencia Provincial, que califica de «inasumible» que diera por buenas «unas afirmaciones (las de Alvarado y Ortuño) inaceptables desde el punto de vista lógico y de la experiencia, amén de contradictorias con la investigación, y que obligaban a adoptar medidas complementarias de instrucción».
La Sala advierte de que no le compete a ella analizar en este momento «si el comportamiento de los querellados es o no encuadrable en una calificación definitiva a ejercicio arbitrario del poder público (prevaricación administrativa)», pero sí deja claro que el juez debe seguir investigando para resolver las numerosas dudas existentes.
