Un juzgado de Alicante investiga por un supuesto delito de cohecho una adjudicación del Ayuntamiento de la capital por valor de 6 millones de euros a favor de una empresa para suministrar material para actos festivos y culturales durante los próximos ocho años.
La investigación del juzgado de instrucción número 8 de Alicante, declarada secreto de sumario, no ha sido aún notificada oficialmente al consistorio, aunque la alcaldesa, Sonia Castedo (PP), ha señalado que dicha adjudicación cuenta con un informe favorable del funcionario jefe municipal de Contratación, que avaló la legalidad.
El pasado mayo la junta de gobierno local de Alicante adjudicó a la empresa Isjoma SL el suministro de las infraestructuras para actos culturales y festivos del ayuntamiento (escenarios, sillas y carpas) por algo más de 6 millones de euros durante ocho años.
Sin embargo, otra de las mercantiles aspirantes, Alavés Montajes y Realizaciones, presentó un recurso tanto ante el consistorio como ante un juzgado, al opinar que se cometía una irregularidad al ser su oferta era un millón de euros más barata.
Estas actuaciones han desembocado en la investigación abierta por el juzgado, que al parecer han incluido un registro en la oficinas de Isjoma SL, y en la que participa la fiscalía Anticorrupción de Alicante.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha indicado hoy que el asunto se encuentra bajo secreto de sumario y que, "a la vista de las informaciones publicadas que perturban el secreto de las actuaciones, el juez número 8 ha acordado deducir testimonio para que se investigue un delito de revelación de secretos".
En declaraciones a los periodistas, la alcaldesa de Alicante ha asegurado que desconoce oficialmente la investigación y ha añadido que, a la espera de que el juzgado se dirija a la Alcaldía para informar de las pesquisas, pedirá a los servicios jurídicos municipales que trate de obtener la información sobre lo que ha podido suceder.
Ha recordado que la citada adjudicación se desarrolló con normalidad y que la única salvedad es que, el día en que la junta de gobierno local se disponía a aprobar la contrata, el dueño de la empresa que se consideraba perjudicada le pidió una entrevista.
En el encuentro celebrado en Alcaldía, éste le comunicó que "no estaba de acuerdo y que no era justo" la adjudicación.
Castedo ha proseguido que comunicó a Alavés Montajes y Realizaciones que su único objetivo era que la adjudicación fuera "lo más justa posible" y, ante la posible situación de anormalidad, decidió pedir un informe al jefe municipal de Contratación con el fin de aclarar sus dudas.
Este documento concluyó que la tramitación era "absolutamente legal y correcta" y, por ello, se decidió incluir el asunto en la siguiente junta de gobierno para la autorización ya que, en caso contrario, se habría incurrido en un delito de prevaricación.
Castedo sí ha admitido que tuvo conocimiento de que recientemente su concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, tuvo que declarar como testigo en el juzgado en relación con el recurso judicial presentado por Alavés, aunque éste no le comentó "nada más" sobre el asunto.
"Soy la primera interesada en saber si ha habido algo o no", ha asegurado Castedo antes de añadir que cuando tenga conocimiento de los hechos "se tomarán, o no, las medidas oportunas".
