La política de hechos consumados de Murcia Cultural

Murcia Cultural S. A., empresa pública de la Consejería de Cultura, ya tenía contratada la organización del festival SOS 4.8, comprometido el pago de 300.000 euros a la sociedad organizadora y pactado un presupuesto de gastos para el evento de 1.900.000 euros (el coste final ascendió a 2,7 millones) cuando el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aún no había autorizado la transferencia necesaria a esta sociedad pública para llevar a cabo el festival.

Esta curiosa forma de hacer política a través de hechos consumados volvió a ponerla en práctica la Consejería de Cultura el pasado 15 de mayo, día en que llevó al Consejo de Gobierno el proyecto de bienal de arte contemporáneo Manifesta 8, que cuenta con un presupuesto de 5,5 millones de euros, cuando en realidad ya llevaba varios meses negociando su organización e incluso ya había firmado un protocolo con la fundación holandesa que lo organiza.

Por lo que respecta al SOS 4.8, el contrato para su organización se firmó con Legalmusic el 22 de octubre de 2007, mientras que la autorización del Consejo de Gobierno para transferir a Murcia Cultural los 2 millones de euros destinados al festival se produjo el 26 de octubre, cuatro días después.

Como no existía una partida específica para el festival en el presupuesto de la sociedad pública, el crédito transferido se consignó en una relativa a la gestión del Auditorio y Palacio de Congresos. Asimismo, y para justificar debidamente la subvención nominativa a Murcia Cultural para el SOS 4.8, los servicios jurídicos de la Consejería propusieron modificar la memoria y explicar «las causas excepcionales que hagan necesaria su concesión mediante Orden del consejero».

Filamente, la Consejería modificó la memoria justificativa de la subvención y se acogió a una encomienda de gestión previa y general realizada a Murcia Cultural para dar cobertura a la concesión de la subvención nominativa a esta sociedad con destino al festival.

Estos datos proceden de un informe del director general de Promoción Cultural y consejero delegado de Murcia Cultural, Antonio Martínez, incluido en el expediente administrativo del SOS 4.8. La Consejería se negó ayer a hacer declaraciones a sobre este asunto.

Sí lo hizo Roger Dedeu, de Legalmusic, quien explicó que no hubo concurso público para adjudicar la organización del festival porque «se trata de una idea original nuestra, que tenemos registrada, y lo que la Consejería contrata es la ejecución de una idea original». Dedeu justificó el considerable aumento del presupuesto por el coste de la producción y la contratación musical.