El debate ya se ha abierto. El Servicio Murciano de Salud se plantea seriamente implantar la gestión privada en el futuro hospital de Águilas. Así lo admiten diversas fuentes sanitarias. De momento, la Consejería ha confirmado que va a encargar a una consultora un informe para calibrar todas las opciones y valorar cuál podría ser la más adecuada. Hay varias alternativas: por un parte, el modelo implantado en la Comunidad Valenciana, cuyo máximo exponente es Alcira: una empresa privada controla por completo el hospital, incluido la contratación de nuevos trabajadores. También ocurre así en el Hospital Fundación de Alcorcón, en Madrid. Una segunda opción sería limitar la gestión privada a la explotación del centro y los servicios no sanitarios, mientras que los médicos y enfermeros seguirían dependiendo directamente de la Comunidad autónoma.
Cabe también la posibilidad de que, finalmente, el Servicio Murciano de Salud decida desechar la privatización y mantenga para Águilas la fórmula que ya está desarrollando en los hospitales que está construyendo en Cartagena y Mar Menor: la gestión a través de Giscarmsa, una empresa completamente pública que, eso sí, subcontrata a sociedades privadas la gestión de servicios no sanitarios, como la cocina, limpieza, celadores o vigilancia.
Sanidad no quiere adelantar acontecimientos -el hospital de Águilas ni siquiera tiene fechas ni plazos- pero admite que está barajando todas las opciones. «Analizaremos todos los posibles modelos» porque «dada la situación en que se encuentra la financiación sanitaria, es lógico buscar fórmulas que no generen más deudas», explica un portavoz. Son las únicas declaraciones públicas que ofrece la Consejería. Quienes defienden la entrada de empresas en la gestión de hospitales consideran que esto no significa privatizar, porque la sanidad seguirá siendo un servicio público y universal para los ciudadanos.
La mayoría de sindicatos, sin embargo, lo ven de otra manera. Mientras unos, como UGT y CC OO, se oponen frontalmente, otros -el CEMSATSE- se muestran cautos a la espera de que la Consejería enseñe sus cartas.
El debate ha empezado a tomar fuerza en los últimos meses, y el Servicio Murciano de Salud no ha desmentido los rumores. Es más, sus principales responsables siempre han reconocido en público y en privado que la gestión privada es una posibilidad que no se descarta. Eso sí, insisten en desligar estas opciones del modelo Giscarmsa, que ya se está aplicando y que es una fórmula de gestión pública.
En realidad, Murcia ya ha vivido alguna experiencia de participación privada. Ahí está la Fundación Hospital de Cieza, que terminó siendo rescatado por el Servicio Murciano de Salud. «Fue una experiencia similar a lo que se ha hecho en Madrid, y claramente hubo que dar marcha atrás», explica Francisco Miralles, presidente del sindicato médico CESM. «La Fundación Hospital de Alcorcón no ha dado buenos resultados, y por eso apuesta ahora por otra opción: la creación de una gerencia única para toda la Comunidad de Madrid con la idea de racionalizar el gasto». Miralles cree que el futuro hospital de Águilas podría seguir más bien los pasos de Alzira. Sin embargo, tampoco eso convence al CESM. «De entrada no nos gusta, porque no garantiza el régimen estatutario de los profesionales con plaza en el sistema de salud. Médicos, enfermeros y auxiliares deben seguir siendo personal público», advierte Miralles. En todo caso, el CESM no está en una oposición frontal a nuevos modelos de gestión. «No estamos ni a favor ni en contra, para opinar necesitamos que nos muestren una propuesta concreta».
UGT es más crítica. «La privatización es un disparate, un intento de ocultar la incapacidad de gestión de la sanidad pública. Estaremos en contra de cualquier cosa que huela a privatización», explica Vicente Llorca. En esta misma línea se ha situado CC OO, y también la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que nació con el objetivo de oponerse a las nuevas fórmulas de gestión privada y que cuenta en la Región con una delegación que dirige el médico de familia Juan Antonio Sánchez. «La entrada de empresas privadas no implica un ahorro ni una mejora en la gestión», sentencia.
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