La Asociación Gulliver, Ciudadanos contra la Corrupción, de reciente creación en la Región de Murcia, ha estrenado sus actividades con la presentación de una denuncia ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en la que le solicita que investigue los hechos sobre los que ha informado La Verdad en los últimos días por si pudieran ser constitutivos de algún delito.
La denuncia incluye copia de las informaciones de La Verdad relativas a los contratos suscritos por la Consejería de Cultura, bien directamente o a través de alguna de las sociedades y entes dependientes, con la sociedad Emasce, formada por personal vinculado a la misma Consejería.
La Asociación Gulliver solicita al ministerio público que pida «todos los contratos celebrados por el departamento responsable de Cultura desde el año 2007», incluyendo los realizados por las sociedades mercantiles, como por ejemplo Murcia Cultural, fundaciones y organismos autónomos y entidades públicas empresariales».
Toma de declaraciones
La denuncia propone que la Fiscalía solicite «copia de todos los contratos celebrados con personas físicas, así como los contratos de asistencia técnica con la descripción del trabajo y copia del mismo», y también pide que «se le tome declaración a cuantas personas aparecen en la información publicada por el diario La Verdad, incluido el consejero Cruz Sánchez».
La Asociación Gulliver Ciudadanos contra la Corrupción fue constituida en la ciudad de Murcia a mediados del pasado mes de septiembre por media docena de personas, en su mayoría profesionales liberales, y fue inscrita en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia el pasado 25 de septiembre.
La denuncia presentada ante el juez está firmada por Ángel Fernández Carpe, quien ejerce como representante de la asociación, entre cuyos fines sus estatutos citan la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el ejercicio de la acción popular ante los tribunales de justicia en defensa de la legalidad vigente, la lucha contra la corrupción y la colaboración con la Administración pública en la persecución de los delitos urbanísticos.
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