La marea informativa del caso Gürtel ha girado en estos últimos días en torno al polémico cese de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano, incluyendo la férrea resistencia de éste a su defenestración política temporal. Todo parece indicar que la dirección nacional de los populares ha considerado que el sacrificio de Costa era absolutamente necesario para aplacar posibles vientos adversos en el electorado y para demostrar la capacidad de reacción y el liderazgo de Rajoy ante la crisis política abierta por las revelaciones aún parciales del sumario del caso. ¿Deberíamos darnos por satisfechos con este rosario de ceses/dimisiones de aquellos militantes del PP que tienen los papeles más comprometidos en el sumario judicial?
Desde luego, caben perspectivas muy distintas a la hora de abordar una pregunta como ésa. Seguramente, las respuestas no serán coincidentes según el punto de vista que adoptemos. Lo que le preocupe a un asesor de estrategia electoral no coincidirá con lo que espere un militante del partido o con un ciudadano hastiado de la corrupción y deseoso de mejorar la integridad de quienes ocupan cargos públicos. Les propongo que adoptemos este último punto de vista para abordar la pregunta planteada: ¿debemos contentarnos con las dimisiones de algunos militantes destacados del Partido Popular?
La respuesta es claramente no. Si la trama Gürtel ha podido lograr presuntamente que diversas administraciones públicas le adjudiquen múltiples contratos públicos (generalmente, además, sin mediar concurso ante la irregular fragmentación de los servicios ofrecidos) y ha sido capaz de desempeñar un papel de intermediario con el que ha conseguido que terceras empresas logren adjudicaciones públicas a cambio de una aseada comisión, sin duda estamos en presencia de un problema mucho más grave que difícilmente quedará solucionado por un puñado de ceses más o menos temporales o más o menos pactados. Tampoco creo que se trate de un problema que ataña tan sólo al Partido Popular, aunque la trama Gürtel se haya enraizado sólo en administraciones públicas controladas por ese partido y sus empresas sólo hayan organizado actos de campaña de los conservadores.
Lo que pone de manifiesto este escándalo, como muchos otros anteriormente, es la existencia de una serie de patologías en el funcionamiento de nuestro sistema político que afectan a la calidad de nuestra democracia y que haríamos bien en abordar de manera mucho más decidida que con unas cuantas dimisiones más o menos circunstanciales. Me limitaré a señalar las tres que considero más claras y preocupantes.
La primera tiene que ver con el deficiente sistema de financiación de nuestros partidos políticos. Aunque el PP se esfuerza en negar que este escándalo ponga en entredicho su sistema de financiación, buena parte de los detalles del mismo conocidos hasta la fecha nutren vigorosamente las sospechas. Pues bien, aunque todos los políticos de todos los partidos eran plenamente conscientes de la existencia de este problema que ha alimentado tantos escándalos de corrupción en el pasado y en el presente (véase también el caso del Palau barcelonés), da verdadera pena observar cuál ha sido la reacción que han tenido para tratar de corregirlo. Primero han tardado la friolera de 20 años en cambiar la ley orgánica que regula este asunto. Finalmente, en 2007 aprobaron una nueva ley que sigue dando lugar a un sistema con alto riesgo de corrupción como ha venido a constatar un reciente y contundente informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.
La segunda ha estado a menudo relacionada con esta primera como en el propio caso Gürtel: se trata de los problemas de nuestro sistema de contratación pública. Hace ya algunos años que el Tribunal de Cuentas resumió en uno de sus informes las fuentes de estos problemas: 1) La infradeterminación de buena parte de los proyectos públicos; 2) La deficiente definición legal de las modificaciones, ampliaciones y obras complementarias, que suele llevar aparejado un coste final sistemáticamente mucho más alto que el presupuestado; y 3) La deficiente regulación de los concursos, con lo que se permite el empleo de criterios heterogéneos en contratos con idéntico objeto y características, incluso en la misma entidad y período de tiempo.
Por último, la tercera patología es la que permite que la corrupción anide en los dos campos anteriores y flaquee la voluntad de ponerle coto. Me refiero al excesivo grado de control político (partidista) en las administraciones públicas. Aunque es evidente que la Administración pública necesita una dirección de naturaleza política, la frecuentemente disparatada influencia de los intereses estrictamente partidistas en su funcionamiento constituye demasiadas veces una fuente de corrupción y de desmoralización de los funcionarios, que acaban convencidos de que la carrera administrativa tiene una lógica real muy diferente a la expresada en los textos legales.
No todo es malo en los escándalos. En realidad, estos episodios críticos deberían ser aprovechados como oportunidades que nos permiten fortalecer nuestros sistemas democráticos. Pero tenemos que salir de la lógica partidista en la que vivimos instalados. Nunca analizaremos seriamente este caso con una comisión de investigación como la que parece que va a ponerse en marcha en el Parlamento valenciano. Sin embargo, qué envidia se siente al ver la composición, los cometidos y el resultado de, por ejemplo, las Royal Commissions en las que los intereses de los partidos británicos quedan supeditados realmente al interés general.
