La Consejería de Educación, Formación y Empleo presentó hoy una campaña informativa bajo el lema 'Con la economia sumergida, tolerancia cero', para concienciar a los ciudadanos sobre los perjuicios de la economía sumergida y propiciar la implantación de buenas prácticas empresariales. Al acto acudieron Constantino Sotoca, consejero de Educación, Formación y Empleo, Miguel del Toro, presidente de Croem, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez y el secretario general de CCOO, Daniel Bueno.
Con esta campaña se pretende combatir un fenómeno que, según UGT, representa alrededor del 40% del PIB de la Región. No obstante, Constantino Sotoca, consejero de Educación, Formación y Empleo, calificó dicha cifra como "demasiado elevada" y señaló que el 30% constituye un porcentaje más aproximado, a pesar de no disponer de cifras datos oficiales.
Los sectores de construcción, hostelería e industria de la Región son en los que más economía sumergida se detecta. Sotoca señaló que esta iniciativa ha sido concebida con una doble intención y pretende "concienciar de que la economía sumergida perjudica a todos los ciudadanos y que, por tanto, no es un problema sólo de los trabajadores y empresarios. También tiene el objetivo de favorecer las buenas prácticas empresariales, invitando a los ciudadanos a reflexionar acerca de su responsabilidad en su erradicación.
Han explicado que la economía irregular aumenta el empleo precario, deja a los trabajadores sin subsidio de desempleo o jubilación, reduce los ingresos fiscales con los que se pagan los servicios públicos como educación o sanidad, y aumenta la competencia desleal entre las empresas.
Sotoca ha explicado que la campaña "se apoya en la imagen de un niño como símbolo de la sociedad murciana, cuyo futuro se tiene que cimentar sobre la base de una economía regular", y ha informado de que por primera vez se ha creado una página web especializada en este problema: sineconomiasumergida.com.
El consejero explicó que durante 2008 se intensificó la labor de vigilancia de la Inspección de Trabajo, lo que supuso el aumento de las visitas a empresas hasta las 7.015 y que durante este año se incrementarán un 48 por ciento. El resultado fue que se detectaron 588 personas extranjeras sin permiso de trabajo, y 2.048 empleados sin alta en la Seguridad Social.
En este sentido, el presidente de la Croem, ha añadido que el mayor número de inspecciones se centraron en el sector de la construcción con 1.874 (cuando en 2009 ya se han realizado 2.100); seguida de la hostelería con 1.013 (1.150 en 2009) y la industria con 488 (520).
A la pregunta de si el número de empresas inspeccionadas tiene relación con el de fraudes, el consejero ha respondido de forma afirmativa, sin embargo ha evitado dar una cifra de lo que puede aumentar la economía sumergida en periodo de crisis, lo que según datos aportados por el responsable de UGT, Antonio Jiménez podría llegar hasta un 40 por ciento, desde el 20 en que se encontraba según el último informe elaborado por el Consejo Económico y Social entre 2005 y 2006.
El responsable de UGT se ha referido al "riesgo" de los que trabajan en la economía sumergida, que quedan al margen de la legalidad y ha dicho que es "una burla a la solidaridad en cuanto al reparto de las cargas sociales". "Es un plato mal cocinado para los trabajadores y una indigestión para el conjunto de la sociedad", ha añadido.
Daniel Bueno, secretario general de CCOO, ha recordado que en la Región la economía sumergida es "un mal enraizado y cuesta mucho trabajo combatir" por lo que es necesario evitar "la tolerancia social", y se ha referido a la necesidad de que los trabajadores sepan que degrada al propio empleado.
Ha explicado que es un fraude no estar sujeto a las normas fiscales en un momento en que la inversión pública es fundamental para solucionar la crisis y que las campañas realizadas hasta ahora han permitido pasar del 35%, en que se situaba en 1990, al 20 por ciento en 2006.
Por ello ha defendido el diálogo social para elaborar un nuevo pacto por la estabilidad en el empleo de acuerdo con la actual situación económica a pesar de que al actual acuerdo le queda un año de vigencia.
