Buscaba un pacto para evitar el posible derribo de viviendas construidas de forma ilegal en el Parque Natural de La Muela-Cabo Tiñoso, pero se ha topado de bruces con la Fiscalía. La Dirección General del Medio Natural ha encontrado el «no» del Ministerio Público a su propuesta de alcanzar un acuerdo para pasar página en la mayoría de denuncias contra el centenar de propietarios de casas levantadas sin permiso en esa zona protegida de Cartagena.
El director general del Medio Natural, Pablo Fernández, planteó al fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, una salida para los casos de construcciones irregulares que han llegado a los juzgados. La idea era que la Fiscalía fuera flexible y aceptara resolver con multas las situaciones en que las casas pudieran quedar amparadas por la nueva normativa que preparan tanto la Comunidad como el Ayuntamiento para la zona: el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (POR) de La Muela-Cabo Tiñoso y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena, respectivamente.
Galifa, Perín, Tallante
Estos dos documentos catalogarán como zonas de expansión urbanística natural áreas cercanas a pueblos como Galifa, Perín, Tallante, Rincón de Sumiedo, La Torre, Galifa, El Portús, Cuesta Blanca o La Manchica donde estaba prohibido construir cuando algunos dueños de suelo lo hicieron.
«Si se regulariza la situación, todos contentos. A la Fiscalía le interesa que no haya alegalidad», afirmó a La Verdad Pablo Fernández. Éste se mostró optimista sobre el resultado de las diversas «reuniones» mantenidas con la Fiscalía, si bien advirtió de que todo estará supeditado a la decisión final de los jueces.
«Lo lógico es que el procedimiento judicial siga adelante. Y, si es necesario, habrá que derruir construcciones», dijo el director general del Medio Natural, que depende de la Consejería de Agricultura y Agua. En todo caso, Fernández insistió en que su propuesta es que cuando los fiscales tengan que proponer medidas a los jueces, exploren la vía de la sanción económica frente a la del derribo. «El juez decidirá si se soluciona pagando una multa o no», dijo el director general, pero se mostró convencido de que «la Fiscalía está deseosa de regularizar».
Ordenación del Territorio
El fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal descartó a este diario que la Fiscalía vaya a acceder a ese pacto: «Jamás se ha hecho ningún pacto ni se hará», contestó tajante a este diario.
López Bernal dijo no tener constancia de las reuniones, pero advirtió de que hará cumplir la Ley: «El asunto está judicializado y los fiscales adoptarán las medidas que vean oportunas. Lo que consideremos que puede ser delito contra la ordenación del territorio lo trataremos así. No vamos ha hacer un acuerdo para beneficiar a nadie».
Fuentes relacionadas con la investigación aseguraron que, al conocer que algunas denuncias habrían sido archivadas «por error» en juzgados de Cartagena, el fiscal superior ordenó hace varias semanas a Díaz Manzanera revisar cada expediente y, en su caso, reactivarlo.
Este último trabajo corresponde, según las mismas fuentes, a la fiscal de Área de Cartagena, que podría pedir más documentación a la Consejería y el Ayuntamiento de Cartagena sobre su actuación para impedir la proliferación de casas ilegales.
