La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha está en stand by. Si no fuera porque el purgatorio -según los católicos- es una estación de paso sólo para el ser humano, se podría decir de manera más apropiada que el texto está en el purgatorio para purificarse de sus manchas antes de entrar en el paraíso de la reforma estatutaria. El próximo miércoles, día 14 de octubre, se cumple un año de trámite en el Congreso de los Diputados, y por el momento es el Estatuto que más tiempo se ha retardado en la Cámara Baja.
La propuesta, respaldada por unanimidad en las Cortes regionales en enero de 2007 y cuya tramitación se encuentra actualmente paralizada a falta de acuerdo entre PSOE y PP, a cuenta sobre todo del trasvase Tajo-Segura, fue tomada en consideración hace un año en el Congreso con el voto en contra de UPyD y de dos diputados del PP por Murcia, Arsenio Pacheco y Alberto Garre. El texto castellanomanchego se ha convertido en el Estatuto que más tiempo lleva aparcado en ponencia ya que, en casos como la reforma canaria, la propuesta fue retirada por el Parlamento regional al no existir consenso. También se ha dado a este Estatuto más tiempo para presentar enmiendas, que por ejemplo, a la reforma del estatuto catalán.
La reforma se registró en el Congreso en febrero de 2007, pero entonces no se incluyó en toma de consideración porque estaban a punto de disolverse las Cámaras por las elecciones generales de 2008 y corría el riesgo de que decayera, con lo que, en total, lleva dos años y medio en los cajones del Congreso de los Diputados.
La cuarta reforma del Estatuto castellano-manchego, tras las elaboradas en 1991, 1994 y 1997, llegó hace un año al pleno del Congreso con el consenso de PSOE y PP en las Cortes regionales y tras la reunión que poco antes habían mantenido el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda y la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, quienes manifestaron su intención conjunta de defender el texto salido del parlamento autonómico.
Caducidad del Tajo-Segura
No obstante, la inclusión de la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 en la disposición transitoria primera del texto se convirtió en su principal escollo, debido a la oposición frontal que tanto el PSOE como el PP de la Comunidad Valenciana y de Murcia han mantenido siempre en este punto.
Así, tras abrirse el primer plazo de enmiendas en noviembre del año pasado, ambos partidos comenzaron a negociar y fueron pactando sucesivas prórrogas que culminaron el pasado 10 de febrero, cuando finalmente presentaron por separado las alternativas al texto. En las mismas, el PSOE relegaba la fecha de caducidad del trasvase al preámbulo del texto, mientras que el PP eliminaba esta referencia y abogaba por revisar el Tajo-Segura conforme a la directiva de la Unión Europea. Las Cortes de Castilla-La Mancha esgrimieron esta normativa comunitaria para reclamar el fin del trasvase en 2015.
Tras presentarse las enmiendas, los dos partidos siguieron manteniendo conversaciones de manera más o menos continuada hasta que, a mediados de marzo, se dio por bloqueada la reforma, reprochándose ambos ser los causantes de la falta de consenso.
El Gobierno de Castilla-La Mancha recordó entonces que seguía existiendo la posibilidad de retirar el texto, pidiendo al PP que buscara el desbloqueo. Pero, a finales de abril, los dos grupos apuraban la negociación en la ponencia sin resultados. A principios de mayo, el presidente José María Barreda, anunció que había alcanzado una redacción de consenso tras conversaciones con Cospedal, extremo que después fue negado por el PP. Así, mientras el PSOE insistía en que había una «fórmula feliz» para sacar adelante el texto y que los dos cargos de Cospedal impedían el acuerdo, los populares les culpaban de haber «metido la pata».
Con este escenario y sin nuevas negociaciones conocidas, finalizó el periodo de sesiones antes del verano. Barreda afirmó en agosto que el texto llevaba mucho tiempo paralizado en el Congreso y que esperaba desbloquearlo en septiembre. Tras el verano, el consejero de Presidencia, José Valverde, avanzó a Europa Press que podría plantearse un texto sin fecha de caducidad del trasvase si se garantizaba el agua suficiente para la región y ello conllevaba el consenso. Por su parte, Barreda, en el último Debate sobre el Estado de la Región, ofreció una reunión a Cospedal para hablar del asunto y dijo que en caso de no producirse este encuentro, convocaría un debate monográfico en las Cortes regionales sobre el Estatuto para analizar la situación sobre el texto.
El último capítulo
El último capítulo de la historia de la reforma del estatuto manchego -llena de acusaciones, reproches y nefastas políticas de negociación- lo escribió ayer el portavoz socialista en las Cortes, Santiago Moreno, que pidió ayer a Cospedal que «de la cara de una vez» para desbloquear la negociación. Moreno dijo que, en este tiempo, el PSOE ha realizado «una propuesta concreta, única y que da solución a las justas demandas de Castilla-La Mancha en materia de agua». Sin embargo, al PP manchego le ha «enmendado la plana sus jefes de Madrid, de Valencia y de Murcia», por lo que, a juicio del portavoz socialista, a la región «no le ha venido bien que Cospedal sea secretaria general del PP».
