Medio centenar de personas, nacidas en la Región y víctimas del terrorismo en cualquier parte o afectadas por atentados en la Región, sea cual sea su procedencia, quedarán amparadas por la una ley que fue presentada hoy por la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, y que establece cupos de vivienda protegida y puestos de funcionarios para estas personas, además de incrementar las indemnizaciones hasta los 60.000 euros.
El proyecto que convertirá a la Región de Murcia en la séptima Comunidad que ampara con una ley a estas personas establece, según Reverte, "la más completa e integral protección para los afectados por el terrorismo, no sólo durante su recuperación sanitaria sino para su posterior integración en la vida cotidiana".
Las ayudas se modularán para reparar con proporcionalidad el daño sufrido por familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, por los cónyuges y personas "con relación de afectividad análoga a la conyugal, y afectados por daños materiales".
Las indemnizaciones se concederán en los supuestos de fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente y lesiones de carácter definitivo, así como para la reparación de daños materiales tanto en viviendas, vehículos, sedes departidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, establecimientos mercantiles e industriales y elementos productivos de las empresas.
Entre las novedades está la aplicación de los beneficios para todos los afectados por terrorismo desde el 1 de enero de 1968, año en el que se produjo el primer atentado reconocido como de ETA.
Por otra parte, la Asamblea dio el visto bueno definitivo a la ley de creación de un organismo autónomo que gestiones la elaboración y publicación del Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). LOS GRUPOS
El portavoz del PSOE, Mariano García, expresó su deseo de que "esta normativa no quede en papel mojado", circunstancia para la que consideró necesario formar un consejo gestor de los programas de ayuda, contar decisivamente con las asociaciones de víctimas y establecer una buena coordinación con otras comunidades con leyes similares.
Desde el PP, Pedro Antonio Sánchez, valoró la importancia de que "hasta en seis epígrafes se establezcan acciones y compromisos concretos de ayuda real a las víctimas". "Es una ley justa y de justicia que coloca a la Región de Murcia en el lugar que se merece", apuntó el diputado regional.
