De todos es sabido que la alegalidad en la que se mueven prostitutas y proxenetas que trabajan en la calle impide, y mucho, las actuación policial ante las amargas quejas de los vecinos. De ello pueden dar buena cuenta los habitantes de El Esparragal, en Murcia, o los residentes del casco histórico de Cartagena, hartos de que sus hijos tengan que encontrarse cada día a mujeres semidesnudas ejerciendo en plena calle, condones utilizados y algún que otro espectáculo poco menos que pornográfico.
Ante la imposibilidad de luchar o acotar un negocio carente de ningún tipo de regulación estatal o autonómica, el Ayuntamiento de Granada ha decidido, al menos, evitar exhibiciones públicas y gratuitas. Así, el Pleno del Consistorio andaluz aprobó la semana pasada la llamada Ordenanza de Convivencia, que sancionará con hasta 3.000 euros "las relaciones sexuales" en el espacio público del término municipal, así como "el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos" y "especialmente" cuando se lleven a cabo a menos de doscientos metros de zonas residenciales, centros educativos o cualquier actividad comercial o empresarial".
En los casos en que tenga lugar dentro de este perímetro la solicitud o aceptación de la prostitución se considerará una infracción muy grave, mientras que si se respeta esta distancia se entenderá como leve.
La Policía Local se limitará inicialmente a recordar a las personas que incumplan la normativa que dichas prácticas están prohibidas y si persisten en su actitud se iniciará el procedimiento administrativo, que puede suponer multas de entre 1 y 750 euros en el caso de las infracciones leves y de entre 1.501 y 3.000 en el caso de las muy graves.
Por el momento, y a pesar de la última avalancha de prostitución sufrida en varios puntos de la Región, ningún ayuntamiento murciano ha optado por aprobar una regulación similar. Hasta ahora, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se han limitado a las tareas de control y la vigilancia, hasta cierto punto disuasorias, y a las redadas contra las prostitutas y sus 'chulos', por vulnerar la Ley de Extranjería, y por coaccionar a otras personas para que presten contra su voluntad servicios sexuales de cara a quedarse con parte de los beneficios. Estas fueron las armas utilizadas por la Policía Nacional para la actuación que se llevó a cabo la semana pasada en los el caso histórico de Cartagena y que se saldó con la detención de dos meretrices y seis presuntos proxenetas, cuya expulsión está siendo tramitada.
Los vecinos dan la bienvenida a todas las actuaciones de este tipo, practicadas con una cierta periódicidad, pero recuerdan que sólo un control continuo puede evitar que se repitan estas situaciones. No hay que olvidar por ejemplo el dispositivo que organizado por Policía Local de Murcia y Guardia Civil en el mes de mayo en los alrededores de la urbanización murciana Montepinar, una iniciativa que sólo consiguió despejar la zona momentáneamente, dada la vuelta reciente vuelta de las trabajadoras del sexo a la zona.
