Desde diversas instancias políticas, se atribuye a la gestión privada de lo público beneficios en materia de coste y servicios a la ciudadanía, idea que viene calando hondo en los gestores de la sanidad pública. La Comunidad Autónoma, tras ensayar una formula de gestión privada de construcción de hospitales -Cartagena, Mar Menor y el Materno-Infantil de la Arrixaca-, extiende sus esfuerzos privatizadores a la explotación de dichos centros hospitalarios, siguiendo el modelo empleado en el País Valenciano, y planea que el anunciado hospital de Águilas-Mazarrón esté gestionado totalmente por manos privadas, a imagen y semejanza de los hospitales de Alzira, Denia, Torrevieja o Elche.
Sigue nuestra región el camino emprendido por los gobiernos valenciano, madrileño y gallego, de derivar hacia la gestión privada, liderada por entidades bancarias y grupos de servicios, la sanidad pública hospitalaria, e incluso, como viene pasando en la comunidad vecina, la gestión de la atención primaria.
La respuesta al por qué de dicha tendencia privatizadora es siempre la misma: la gestión privada es más eficiente -supone ahorro económico para las arcas públicas- y eficaz -se provee mejor servicio a la ciudadanía. Pero no es una respuesta exenta de aspectos a considerar, como los que expondré a continuación.
¿En qué se basa la eficiencia económica de la gestión privada? Fundamentalmente, en un ahorro de costes económicos frente a la gestión pública: menor gasto salarial, menor dotación de personal por personas atendidas, y ahorro en gastos de equipamientos y atención. Si, además, tenemos en consideración que las empresas privadas que gestionan la sanidad persiguen beneficio económico, ¿dónde está el truco? Inevitablemente, sólo con el deterioro de los servicios prestados -fruto de la menor inversión económica- se puede sustentar el beneficio de las empresas y el ahorro económico.
Lamentablemente, la percepción social no siempre justiprecia los valores de la sanidad pública, y he aquí una de las razones por las que la gestión privada no suele ser vista, a priori, como algo negativo. Es justo en esta dialéctica donde tendríamos que preguntarnos acerca de las capacidades y la eficiencia de nuestra administración sanitaria, de las políticas y estrategias puestas en marcha y del control del gasto público sanitario.
Según un reciente informe de la Organización Médica Colegial, la región de Murcia atesora la ratio de médicos por cada mil habitantes más baja de nuestro país, con 3,1 facultativos por cada mil habitantes, el 60% de ellos dedicados a la sanidad pública. Dicha ratio ha descendido en los últimos cinco años, frente al aumento de la media nacional. En 2008, el presupuesto sanitario per capita en la región era de los cinco más bajos en el conjunto del país, con 1.237,62 € per cápita. Las dos comunidades con menor inversión per capita en sanidad pública, también gobernadas por el PP, son Madrid y Valencia, con 1.143, 43 € y 1.116,58 € per capita, respectivamente.
En el período 1996-2006, mientras que los gastos de personal del sistema sanitario público crecieron un 90,24%, en la Región de Murcia lo hicieron un 117,45%. De forma similar, el total de gastos y compras crecieron en nuestra región por encima del conjunto del país, un 142,5%, frente a un 107,34%.
Acompañar dichos incrementos de gasto de un presupuesto adecuado para mejorar los servicios provistos ha sido una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema sanitario regional. Se ha incrementado el gasto, pero no de forma suficiente para incidir en una mejora del servicio y atención a los ciudadanos.
Es en este contexto, incremento de gasto y deterioro de la atención sanitaria, donde surgen, una y otra vez, las formulas mágicas para arreglar este desaguisado: la privatización de la sanidad pública. El desprestigio de la sanidad pública es utilizado por sus gestores -la consejería de sanidad y el gobierno regional- para justificar dicha privatización. Pero no es el modelo de gestión pública, universal y gratuita el que realmente está en cuestión: lo que realmente deberíamos cuestionar es la incapacidad de los gestores para administrar el dinero que todos los ciudadanos depositamos en sus manos de una forma eficaz y eficiente.
La sanidad pública es un bien básico para nuestra sociedad. Porque atiende en igualdad de condiciones a todas las personas, independientemente de su capacidad económica. Por ello, debe ser función de los poderes públicos proteger ese bien común y mejorar su calidad. No podemos ceder a aquellos que sólo quieren hacer negocio con la salud de los ciudadanos.
Daniel Bueno Valencia
es secretario general de Comisiones Obreras Región de Murcia.
