Callejón afgano

El ataque perpetrado por un grupo de insurgentes afganos contra las tropas españolas del Grupo Táctico de Apoyo a las Elecciones derivó en un prolongado enfrentamiento armado que se ha saldado con la muerte de 13 de los atacantes. El hecho refleja las serias dificultades que atraviesa el esfuerzo que la comunidad internacional está realizando para asentar la normalidad democrática en Afganistán ante la ofensiva de los talibanes y otros grupos. Al tiempo que demuestra que, más allá de la diatriba doméstica y jurídica sobre si la tarea que desempeñan nuestras tropas en aquel país es o no de guerra, el compromiso asumido por éstas es el resultado lógico de que los talibanes consideran toda fuerza extranjera como objetivo preferente. El lunes, el jefe de las tropas estadounidenses en Afganistán, el general McChrystal, volvió a mostrar su escepticismo informando en Washington de que «el éxito es posible, pero exige una estrategia revisada, compromiso y resolución, así como una mayor unidad en el empeño». Los responsables de asuntos exteriores de la UE abordarán este sábado la estrategia a seguir en Afganistán, especialmente en lo que respecta a la aportación de medios materiales y humanos que contribuyan al desarrollo de un sistema de seguridad, justicia y consolidación institucional que arraigue donde la intervención militar no es suficiente: en la población civil. Pero a las reticencias que venían mostrando distintos países occidentales, incluida España, a invertir mayores esfuerzos en Afganistán se le ha unido ya la contestación que muestran las opiniones públicas de los dos aliados más implicados sobre el terreno, EE UU y Gran Bretaña. Todo indica que la única manera de enfrentarse al peligro de que los talibanes ganen terreno en Afganistán es dedicar mayores recursos, tanto militares como civiles, para la contención de su avance y la reconstrucción del país. Pero ello precisaría no sólo una decisión firme y compartida entre EE UU y los distintos miembros de la UE. Requeriría además la anuencia de las respectivas opiniones públicas, algo que dificulta el compromiso occidental. Basta comprobar la contención informativa con la que el propio Gobierno español está tratando de minimizar los efectos que la noticia de los insistentes ataques de los insurgentes contra nuestras tropas podría tener en la opinión pública.