No sabe, pero sí contesta. El Gobierno regional hizo público ayer un comunicado en el que señala que «hasta el momento» no tiene constancia oficial de la imputación de un delito de tráfico de influencias, fraude, falsedad documental y eventual prevaricación a dos de sus funcionarios. Según publicó el lunes este diario, los funcionarios son sospechosos de propiciar que decenas de contratos públicos fueran adjudicados a una consultora ambiental en la que trabajaban la mujer y dos hijos de los sospechosos. La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción se ha visto propiciada por la investigación sobre el caso de la balsa Yenny.
«En cualquier caso, serían las decisiones judiciales las que determinarían las actuaciones administrativas que el Gobierno regional debería adoptar en relación con los funcionarios presuntamente implicados», señala el Ejecutivo regional, que apunta que esta actuación judicial «es una pieza separada del expediente inicial que fue sobreseído por la Fiscalía General, sin determinación de responsabilidad». El Gobierno regional reitera su «respeto y colaboración» con la Justicia con el fin de «corregir y sancionar cualquier conducta irregular que se produzca en la Administración regional.
Preguntas por el pago
El PSOE, a través de su diputada regional Teresa Rosique, afirma que el Gobierno regional «tiene que dar muchas explicaciones sobre sus actuaciones». En su opinión, «sólo cuando el Ejecutivo de Valcárcel se vio sorprendido por el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción investigaba un posible trato de favor del Gobierno regional hacia la empresa Portmán Golf, es cuando dio marcha atrás en el compromiso para financiar con dinero público la limpieza de la balsa contaminante».Respecto a este punto, Rosique anunció que van a preguntar al Ejecutivo «si le ha cobrado ya a Portmán Golf los 5,4 millones de euros» de la limpieza «dos años después de anunciar que lo haría».
El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, manifestó ayer su confianza en la acción de la justicia para perseguir presuntos delitos de corrupción «independientemente de quien los lleve a cabo». Pujante insistió en la necesidad de aumentar «los recursos humanos y materiales de la Fiscalía».
