Tres años y medio después de su entrada en vigor, los resultados de la Ley Antitabaco son más bien pobres. La coincidencia en este balance es casi unánime. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, reconoce que la aplicación de la norma tiene «muchas lagunas» y apuesta por su endurecimiento. En Murcia, el director general de Salud Pública de la Consejería no duda en su diagnóstico: «La ley ha fracasado; lo dice el sentido común y la opinión pública».
El primer problema surgió con el propio articulado de la norma. En un intento por contentar a todos los sectores, la entonces ministra Elena Salgado decidió distinguir entre bares y restaurantes menores de 100 metros -donde se podría fumar o no, según el criterio de cada hostelero- y los locales con una superficie mayor, donde se obligó a separar zonas de fumadores y no fumadores. El 80% de los bares españoles tiene menos de cien metros, y la inmensa mayoría optó por seguir permitiendo el humo del tabaco. La Región no se salió de esta tónica.
El segundo problema se planteó con la aplicación y vigilancia de la ley, algo que recayó en las comunidades autónomas. Madrid, Valencia, Castilla y León y La Rioja (todas gobernadas por el PP) aprobaron decretos que interpretaban de forma más permisiva algunos aspectos y permitían, por ejemplo, fumar en bodas y otro tipo de celebraciones consideradas «privadas». Aunque en Murcia la Consejería se planteó en un primer momento seguir el camino emprendido por estas comunidades, finalmente aprobó un decreto ajustado a la letra y espíritu de la ley nacional.
En mitad de la polémica política, ha ido creciendo una sensación de impunidad, hasta el punto de que según una encuesta del CIS, sólo el 25,1% de los murcianos cree que en los lugares prohibidos se ha dejado de fumar. En tres años y medio, la Consejería ha recibido 332 denuncias de particulares y 202 de otros organismos públicos, como Policía o Guardia Civil. Sin embargo, sólo se han impuesto 24 sanciones. Las multas van desde los 1.000 euros que tienen que pagar ocho locales por la deficiente separación entre zonas de fumadores y no fumadores hasta los 2.000 euros con que se ha sancionado a seis establecimientos que vendían tabaco a menores de edad. También hay siete expedientes por señalización incorrecta y la Policía ha multado a tres personas por fumar en una gasolinera y en dos restaurantes.
No todo es negativo en el balance de la Ley Antitabaco. En los últimos cuatro años, el número de fumadores en la Región ha disminuido un 6%, según recoge la última Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas. Así, de un 34,6% de población fumadora se ha pasado a un 28,8%. La tendencia es similar en el resto de España. Parte de este descenso es atribuido por el Ministerio al efecto inicial de la legislación. Sin embargo, conforme la aplicación de la norma se ha ido relajando, su carácter disuasorio se ha ido diluyendo, como reconoce la propia ministra.
