29.06.09 -
GASPAR MEANA
La Consejería de Sanidad lleva meses anunciando la implantación de nuevos modelos de gestión para el nuevo hospital de Cartagena, el del Mar Menor y el Materno Infantil de la Arrixaca y también para otros servicios sociales y sociosanitarios, como centros de educación especial o residencias para personas mayores y la subcontratación de servicios esenciales.
Se pretende que sea una empresa mercantil, Giscarmsa, y no el Servicio Murciano de Salud quien gestione en los nuevos hospitales los servicios de lavandería, telefonía, seguridad, mantenimiento, recepción, cocinas, esterilización, por lo que peligran los puestos de trabajo de lavanderas, planchadoras, mecánicos, calefactores y resto de personal de servicios, telefonistas... Todos salvo, por ahora, facultativos y enfermería. Sin descartar que en un futuro en el resto de hospitales también se externalicen estos servicios.
El Gobierno regional justifica su plan como medio para reducir el exceso de gasto público, un fin loable. Pero no hay ninguna garantía de que el nuevo modelo reduzca de forma significativa gastos, como prueban los resultados de las privatizaciones sanitarias del Ejecutivo de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que, sin embargo, ya han contribuido a un deterioro importante en la calidad de los servicios que reciben los pacientes.
Como profesional sanitaria y contribuyente estoy de acuerdo con evitar el despilfarro de fondos públicos, pero creo que donde se tira el dinero público es con la mala gestión y sobre todo en el pozo sin fondo del incremento continuo y sin freno del gasto farmacéutico.
Los trabajadores proponemos otras medidas para rentabilizar mejor el dinero con el que los ciudadanos financiamos la Sanidad. Un mayor control a los directivos para impedir corruptelas; plantar cara a la industria farmacéutica y proporcionar una mejor formación a la población para el buen uso de los medicamentos y de los servicios sanitarios; no ceder a la Universidad Católica nuestras instalaciones, en detrimento de la Universidad Pública y la cogestión y corresponsabilidad de los trabajadores en los centros sanitarios, con la entrada de nuestros representantes en los órganos de decisión.
Las privatizaciones ocasionarán, seguro, una peor asistencia a los usuarios, el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores afectados -la primera, dejar de ser contratados mediante listas y bolsas de trabajo en base a méritos y capacidad, pasando a enchufes y caprichos de quienes dirijan la empresa, luego menos seguridad en el empleo, peores salarios y derechos sociales-. Sí habrá quien se beneficie: los afines al partido gobernante que se coloquen, con buenos sueldos de directivos, en Giscarmsa.
Frente a estas políticas de externalizacion de servicios públicos, muchos trabajadores creemos que si esperamos a los hechos consumados, puede ser tarde. El personal y los sindicatos de la Sanidad de Murcia hemos estado hasta ahora muy pasivos y sólo han aparecido protestas de la muy débil oposición política regional, de IU y PSOE y con poca presencia en los medios de comunicación.
Están cambiando las cosas. El Consejo, máxima dirección de Comisiones Obreras en la Región, debate hoy una propuesta para hacer frente a estas políticas privatizadoras, en línea con el programa de acción del Congreso celebrado en enero, de fomento y defensa de la sanidad, de la gestión y de los empleos públicos. El jueves 2 de julio, los 600 afiliados y afiliadas de CC OO de la Arrixaca vamos a debatir en asamblea cómo enfrentarnos a estas políticas de la Consejería.
Para conseguir frenar el impulso privatizador, es precisa la máxima unidad interna y la movilización del conjunto del sindicato y también la unidad sindical, muy especialmente con los compañeros de la Unión General de Trabajadores. El respaldo de las dos direcciones regionales nos va a ser muy útil, pero las respectivas federaciones de sanidad deben situarse a la cabeza de la lucha, porque la defensa de la Sanidad Pública es la primera tarea de estos sindicatos, por delante de las reivindicaciones salariales y otros derechos del personal sanitario.
Y el debate ha de llevarse no solo a los afiliados, sino al conjunto de los trabajadores y a los usuarios de la Sanidad Pública, porque la sociedad murciana se juega mucho en este envite.
Y sí, juntos y juntas, podemos.
