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17.06.09 - 17:42 -

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La plataforma ciudadana que promueve la iniciativa legislativa popular en defensa del trasvase Tajo Segura iniciará en dos meses la recogida de firmas para debatir en el Congreso la proposición de ley, ha informado en Cartagena Juan Ramón Calero, miembro del colectivo, durante una jornada de trabajo con organizaciones sociales y empresariales de la ciudad.
Calero ha explicado que, tras la admisión a trámite de la iniciativa, la plataforma está distribuyendo los pliegos de firmas en los diferentes municipios y tras el verano comenzarán a recogerlas para enviarlas a la Junta Electoral Central, paso previo al debate en el Congreso de los Diputados.
Alrededor de 380.000 firmas de las 500.000 que exige la ley espera recoger la plataforma en toda la región de Murcia, mientras que el resto confía en obtenerlas en Alicante, Almería y Madrid.
Miembros de la Plataforma, de la que también forman parte el ex-presidente autonómico Andrés Hernández Ros y el ex-diputado popular Adolfo García, se has reunido hoy con dirigentes de la Cámara de Comercio de Cartagena y de la comunidad de regantes.
También, y a lo largo del día, mantendrán reuniones con responsables de la Confederación de Empresarios de la Comarca y la Universidad Politécnica.
En rueda de prensa, Calero ha afirmado que "esta iniciativa no va en contra de nadie, ni siquiera en contra del Estatuto de Castilla-La Mancha, sino en defensa de una infraestructura vital para el desarrollo del sureste español".
Ha añadido que cuentan con el respaldo de todos los partidos en la región de Murcia y esperan obtener el apoyo de los dos principales partidos en Madrid cuando se debata la proposición de ley.
El presidente de la Cámara de Comercio, Mariano Rosique, ha expresado su apoyo a los objetivos de la iniciativa que ha calificado de "necesaria" porque "el trasvase Tajo-Segura es esencial y, si peligra su continuidad, también estaría en peligro el desarrollo económico de la Región de Murcia que, en los últimos 20 años tiene mucho que ver con ese trasvase".
La legislación marca un plazo de nueve meses, que acaba en Navidad, prorrogable a otros tres para presentar las firmas de la iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados.
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