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Un automovilista es multado por exceso de velocidad. / EFE
Casi 4.000 sanciones de tráfico con servicios comunitarios están pendientes de cumplir
REGIÓN MURCIA

Casi 4.000 sanciones de tráfico con servicios comunitarios están pendientes de cumplir

La falta de coordinación entre los organismos competentes provoca que la aplicación del Código Penal de Seguridad Vial sea prácticamente inexistente en la Región

DANIEL LEGUINA

Lunes, 18 de mayo 2009, 10:13

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Trabajos en beneficio de la comunidad. Esta directriz, incluida en la reforma del Código Penal del 2007 en materia de seguridad vial para los condenados por infracciones de tráfico, es una de las disposiciones cuya finalidad pretende que el conductor tome conciencia de lo que ocurre tras un accidente, tome contacto con la realidad humana y adquiera el conocimiento de que tiene que reparar el daño causado.

Pero esto es sólo la teoría: desde que la normativa entró en vigor, su cumplimiento, a día de hoy, se ha quedado en agua de borrajas. En la actualidad, «3.000 sentencias por este tipo de delitos están pendientes de ejecución en la Región de Murcia», según afirma Jesús Rodríguez, jefe de Gabinete de la prisión de Sangonera La Verde. Este atasco administrativo -«sólo son 300 las personas que cumplen estos servicios», aclara Rodríguez- se debe a una preocupante falta de comunicación y cooperación entre los distintos organismos implicados para que, de una vez por todas, el proyecto eche a andar. Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, Servicios Sociales, Delegación del Gobierno, jueces y fiscales no han dado por el momento los pasos necesarios para que la normativa sea una realidad más pronto que tarde.

Dichos trabajos, siempre que la pena impuesta se menor de dos años, son actividades relacionadas con la conservación medioambiental, el cuidado de personas mayores y dependientes, labores de protección civil, ayuda a menores conflictivos, conservación de la naturaleza, cuidado de animales, trabajo en bibliotecas y programas de defensa de derechos humanos. El objetivo es que el condenado, además de cumplir su castigo, se conciencie de que al reparar el daño causado realiza un servicio en beneficio propio, así como hacia la sociedad y las víctimas.

Según Bartolomé Vargas, fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial del Tribunal Supremo, «existen grandes dificultades para su cumplimiento y es necesaria una coordinación muy estrecha entre todas las entidades competentes: cuando se pongan de acuerdo y se organicen el sistema arrancará».

Sin embargo, la lista de espera de conductores condenados por correr demasiado, consumir alcohol y ponerse al volante o carecer de carné, entre otros delitos, no para de crecer.

Para que estos castigos se puedan ejecutar «es necesaria la colaboración de la Federación de Municipios, y así los penados podrán realizar los trabajos en sus localidades. Exige un esfuerzo conjunto de todos los estamentos de la Administración y estamos trabajando para solucionar el problema», aclara Francisco Jiménez, jefe provincial de Tráfico.

Jiménez declara asimismo que «estamos estudiando la posibilidad de implantar cursos de formación» -ya vigentes en otras autonomías- con el propósito de reeducar a los infractores y corregir su conducta desde la concienciación: son muchas la voces que opinan que no se consigue nada si una persona que conduce y bebe es condenada simplemente a limpiar un parque. Con esta acción, los infractores cumplirían la mitad de la pena asistiendo a un curso de reeducación, y la otra mitad realizando trabajos en beneficio de la comunidad.

Justicia reparadora

Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, cree que estos trabajos son «una medida muy interesante» para «cultivar la justicia reparadora», informa . «Además de pagar la deuda social es importante que adquieran la conciencia de que deben reparar el daño», afirma Gallizo, y recalca que este tipo de condenas «nos ponen en un camino de justicia más ecuánime», al no pensar sólo en el infractor sino también en la víctima.

Por su parte, Bartolomé Vargas, asegura que estas ordenanzas, «en las que creo profundamente, tienen un elevado valor pedagógico, tanto como para el penado como para la sociedad, y en estos momentos de crisis los trabajos podrían ir dirigidos a los más necesitados». «Hago un llamamiento para que este proyecto se impulse definitivamente. La Fiscalía General del Estado está ocupándose del asunto porque esa pieza de reinserción dentro de la legislación vial es de suma importancia», dice Vargas.

El fiscal de Seguridad Vial del Tribunal Supremo destaca no obstante como uno de los avances más importantes del nuevo reglamento el «buen funcionamiento de las sentencias de conformidad, en las que el imputado reconoce los hechos, con lo que se establece un principio de reinserción y genera una dinámica de conformidad de acuerdo con el letrado; la sentencia de privación de carné de conducir y la multa se ejecuta a las pocas horas».

Otra de las mejoras que Vargas subraya es la confiscación del vehículo: «La pérdida de su utilización es un aviso al ciudadano y una medida para evitar riesgos, y su finalidad es educativa. El coche se ha convertido en un arma para menospreciar la ley y su decomiso es una alternativa a la prisión». El , aparato donde el conductor sopla antes ponerse al volante y que bloquea el motor si la tasa de alcohol supera la legalidad, «ha sido aprobado recientemente y su implantación -para vehículos de mercancías peligrosas, autobuses y automovilistas reincidentes- se acometerá en breve tiempo. En los países donde ya funciona, como Suecia, los resultados son positivos».

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