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Llegará el momento en el que los gobiernos de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura expliquen qué obras hidráulicas han realizado dentro de sus respectivos territorios con los 224 millones de euros que han recibido en los últimos 23 años como indemnización por los desembalses de agua del Tajo a la cuenca del Segura. Ese dinero ha sido pagado religiosamente y a tocateja desde el año 1986 por la población de la Región de Murcia, Alicante y una pequeña parte de Almería, y en mayor medida por los regantes.
La Confederación Hidrográfica del Segura ha actualizado el montante de las transferencias realizadas a las tres comunidades ribereñas del Tajo y ha ajustado hasta el último céntimo lo que han recibido hasta ahora sus respectivos gobiernos autonómicos, que ingresan una parte de la tarifa. Castilla-La Mancha se sitúa en cabeza con 99,5 millones de euros. Le sigue la Comunidad de Madrid, que ha tomado 74,6 millones. Extremadura, por su parte, ha percibido 49,7 millones.
Si estas cantidades se traducen a valores corrientes y constantes, la suma total pasará de 224 a 326,5 millones de euros, según la información recabada por La Verdad del organismo de cuenca.
La ley señala que los gobiernos regionales deben utilizar estas transferencias para mejorar sus infraestructuras hidráulicas, aunque hasta ahora no han dado cuenta de los proyectos sufragados a cambio del agua trasvasada. El ejemplo más palpable está en los municipios ribereños de la cabecera del Tajo, en particular de Sacedón, que se han quejado reiteradamente de que no han visto ni un euro en obras de estas indemnizaciones por el agua desembalsada de Entrepeñas y Buendía.
Los años con mayores ingresos fueron los comprendidos entre 1997 y 2005, cuando se produjeron los desembalses más elevados. Coincidieron con la etapa Aznar, en la que apenas hubo sequía.
El presidente de la Confederación del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, dijo días atrás a esta Redacción que no tenía conocimiento de ningún informe de Castilla-La Mancha que detalle en qué se han invertido los millones de euros pagados por el agua desembalsada. Añadió que si hay problemas de abastecimiento en algunos municipios de esta comunidad «será porque las administraciones locales y autonómicas no han hecho lo que tenían que hacer».
Los gobiernos de José María Barreda, Esperanza Aguirre y Guillermo Fernández Vara no han correspondido de igual forma que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a la hora de perdonar su parte de la tarifa con motivo de la dura sequía de los últimos cuatro años. Las tres comunidades autónomas han cobrado hasta el último céntimo del agua derivada en cuatro años, que llega a 26,5 millone de euros. El Gobierno central, en cambio, condonó otra parte significativa de las tarifas para ayudar a los regantes.
