16.04.09 -
El artículo 5º de la Ley 52/80 establece que «están obligados al pago de la tarifa, en los términos establecidos en los artículos anteriores, las entidades y las personas naturales y jurídicas titulares de derecho al uso del agua, sea éste adquirido por concesión, autorización o cualquier otro título jurídico». De este precepto, de otros de la misma Ley y de la 21/1971, así como de disposiciones dictadas para aplicación de las mismas, se deduce que los usuarios del Acueducto Tajo-Segura ostentan un derecho ex lege, que el título del derecho al aprovechamiento del agua del trasvase viene otorgado por la Ley, de modo que no puede quedar al arbitrio de la Administración denegarlo ni limitarlo en forma alguna, reduciéndose la actividad de ésta a una mera fijación de lo ya determinado por la Ley.
Esta posición de que los derechos al uso del agua del trasvase Tajo-Segura proceden de las mismas Leyes que lo regulan aparece compartida por toda la doctrina, sobre todo después de que el Tribunal Supremo, en relación con la vigencia de la Ley de 7 de Enero de 1915, de Riegos del Alto Aragón, en su Sentencia de 20 de Enero de 1989, haya considerado que «no es admisible la tesis mantenida por la Administración de que el único título para adquirir el derecho al aprovechamiento de aguas públicas fuera antes la prescripción y la concesión y hoy sólo la concesión, pues antes y ahora la Ley es fuente de derechos y obligaciones y, por tanto, título legitimo para adquirir derecho al uso privado de las aguas públicas».
