CARTAGENA
Segado: «Nuestro criterio es proteger la ribera del Mar Menor en el Plan General»
Vista de las salinas de La Manga, sin actividad industrial desde el año 2004. / J. C. CAMPOY / AGM
El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, cerró ayer la puerta a una posible recalificación de terrenos propiedad del constructor Mariano Roca junto a las salinas de Marchamalo, de la que es uno de sus dueños. La Comunidad dio su visto bueno al empresario en el año 2003 para cambiar la calificación de dieciocho hectáreas de suelo agrícola junto al humedal, pero Segado aseguró que el Ayuntamiento mantendrá la prohibición de construir viviendas en la zona, conforme al criterio del gobierno de Pilar Barreiro de proteger 20 millones de metros cuadrados en la ribera del Mar Menor.
Roca cuenta desde hace seis años con el «criterio favorable» de la Dirección General del Medio Natural a «una residencia de baja densidad» junto a las salinas, mediante el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor. Pero esta norma regional debe aplicarse con una modificación del Plan General, y es necesaria la intervención del Pleno del Ayuntamiento y de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad.
«El PORN todavía está tramitándose. Pero si, al final, incluye la posibilidad de que esos terrenos sean urbanizables tendría que pronunciarse el Ayuntamiento. Y, a día de hoy, no veo factible que dé el visto bueno. El criterio de este equipo de gobierno municipal es que en esa zona no se puede urbanizar», dijo Segado.
Plan autonómico
La petición del empresario, a través de Unisur SL, adquiere gran importancia ya que la Comunidad ha expresado su deseo de aprobar pronto el PORN tras diecisiete años de tramitación.
Esto coincide con las críticas a la administración regional por conceder subvenciones por valor de 135.000 euros entre los años 2004 y 2007 a Salinas de La Manga SA, empresa de la que son copropietarios Roca y Alfonso García, para conservar las salinas, aunque no extraía la sal.
La organización ecologista Anse y el PSOE exigen impedir construcciones. Los naturalistas calculan que cabrían unas 2.000 viviendas y creen que la salinera «deja secarse» el humedal para recalificar también éste.
