REGIÓN MURCIA
Cinco médicos han sido amenazados en los últimos días por
pacientes violentos que justifican el crimen de Moratalla
28.03.09 -
El fiscal Manuel López Bernal (izq), ayer con el presidente del Colegio de Médicos, Rodolfo Castillo. / LV
«No me extraña que haya pasado lo de Moratalla. Sólo hacéis caso con una pistola en la cabeza». Esta inaceptable apología del asesinato la escuchó hace unos días un médico de familia de la Región. La causa: se negaba a prescribir un fármaco que el usuario creía necesitar. No es un caso aislado. Desde que María Eugenia Moreno murió acribillada a tiros, hace algo más de dos semanas, el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha registrado cinco denuncias por agresiones verbales de este calibre. En tres casos, hubo alusión directa al crimen. En otros dos, se trata de amenazas de muerte en las que la referencia a la doctora estaba implícita.
La proliferación de estas actitudes violentas a la sombra de la tragedia de Moratalla ha sorprendido y generado una seria preocupación en Sanidad. Estas situaciones son minoritarias -cada día se desarrollan en la Región centenares de actos médicos en los que la relación con el paciente es cordial y fluida- pero no por ello dejan de ser un síntoma alarmante. «Utilizar un hecho como el asesinato de María Eugenia Moreno para presionar al médico es algo absolutamente censurable», recuerda Pablo Alarcón, director de Recursos Humanos del SMS. La mayoría de conflictos vienen motivados por los intentos de conseguir bajas médicas o por el deseo de que se le recete algún medicamento concreto.
Trabajadores y administración coinciden en que es necesario un trabajo de fondo para atacar las causas que están detrás de este deterioro en la relación entre médico y paciente.
Piden mano dura al fiscal
Mientras, los profesionales siguen exigiendo más mano dura. El presidente del Colegio de Médicos de la Región, Rodolfo Castillo, mantuvo ayer una reunión con el Fiscal del TSJ, Manuel López Bernal, para plantear sus propuestas. Entre ellas, que las agresiones sean consideradas como delito de atentado, lo que supondría que los agresores se enfrentaran a penas mayores.
