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Si alguna vez tuvo respeto por algunas instituciones, parece que este letrado lo ha ido perdiendo con el tiempo. El penalista José Pardo Geijo, que ha protagonizado los enfrentamientos más virulentos con magistrados y fiscales murcianos desde hace dos décadas, vuelve a cargar con toda su artillería contra la Fiscalía Superior de Murcia con motivo de la investigación abierta contra el ex jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver Motas. El abogado descalifica a lo largo y a lo ancho la denuncia del fiscal y asegura que «contiene tal cantidad de errores, imprecisiones, omisiones y conclusiones sin fundamento o sin pruebas (...), que en el más benévolo supuesto sólo cabría calificarla de chapucera».
El recurso de Pardo Geijo, que se resume a continuación, ofrece también algunos datos interesantes e inéditos sobre su defendido, Joaquín Peñalver, como haber declarado ingresos de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) en los últimos 13 años, o el hecho de que la mujer de éste y presunta testaferro, Sandra de la Puente, trabajara seis meses para el empresario Trinitario Casanova, promotor del polémico plan parcial La Zerrichera de Aguilas.
«EN TÉRMINOS DE DEFENSA»
Errores, imprecisiones, omisiones, conclusiones sin fundamento y sin pruebas que las respalden. Un escrito, en suma, chapucero. «Sin que quepa descartar, dicho sea en términos de estricta defensa, un auténtico fraude procesal». Con tales calificativos se refiere el abogado penalista a la denuncia presentada por la Fiscalía en el llamado caso Peñalver, o caso Barraca, como lo denominaron los agentes de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (UDYCO) que lo investigaron.
Para empezar, Pardo Geijo señala que en la petición de excedencia de Peñalver tuvo bastante influencia «la confidencia que el otoño anterior le trasladara el concejal socialista José Ros Zapata, advirtiéndole de que desde su partido iban a por él y a por el resto de altos funcionarios del Ayuntamiento de Murcia; decisión que dijo no compartir él ni la mayoría de los concejales de su grupo, pero que era orden directa de la Dirección Regional del PSOE».
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA
Respecto de la imputación que hace el fiscal sobre Peñalver, en el sentido de que mientras desempeñó funciones de arquitecto municipal estuvo vulnerando el régimen de incompatibilidades, sostiene el letrado que, «de haber sido ello cierto, que no lo es, sería una cuestión de índole administrativa, que no penal. Y ello con independencia de que dichos informes urbanísticos fueran informados por el señor Peñalver -que no lo fueron- o de que los informes resultasen siempre correctos y ajustados a la legislación».
MUJER Y PRESUNTA 'TAPADERA'
Afirma el fiscal que el día 26 de enero de 1999, 11 días después de que el señor Peñalver fuera nombrado Jefe del Servicio de Planeamiento, el promotor José López Rejas le vende a la esposa del primero, Sandra de la Puente, 125 participaciones de la mercantil Septiembre 97 Promociones S.L.. Y más tarde, el 27 de julio del 2004, le vende otras 1.472 participaciones, de las 3.006 que posee López rejas, de la firma Nou Vivienda Joven de Murcia S.L. «Por qué tendrá tanto interés López Rejas en ser socio de Sandra de la Puente?», se pregunta el fiscal.
Señala el abogado a ese respecto que la amistad entre las familias López Rejas y Peñalver viene de lejos, ya que los padres de ambos coincidieron como funcionarios en el Ayuntamiento de Murcia, uno como aparejador y el otro como arquitecto. Añade que López Rejas y sus hermanos coincidieron con Peñalver en el colegio Maristas y, por último, que ambas familias «veranean juntas, desde siempre, en la Sierra de Gredos». Razones por las cuales habría sido Sandra de la Puente la que habría «embarcado» a don José López Rejas en un proyecto inmobiliario en el cual invirtió 135.000 euros, pero del cual nada obtuvo «porque permaneció todo el tiempo sin actividad económica alguna».
'MURSIYA MARDANISI S.L.'
Pasa seguidamente el letrado a analizar la participación de Sandra de la Puente; su marido, Joaquín Peñalver, y varios familiares más, en la mercantil Mursiya Mardasini S.L.. Aunque se admite esa relación y que la sociedad -de la que forma parte también el promotor Antonio José Sánchez Marín (Zumos Rostoy)- se dedica a la compraventa de suelo, afirma el letrado que cada uno de los socios puso 6.000 euros por cada 1% de participación, que todo el suelo que adquirieron tenía ya la condición de urbanizable cuando se compró y cuando se vendió y que ninguna gestión tuvo relación alguna con el Servicio de Planeamiento.
«FALTA DE PREPARACIÓN»
Una de las más contundentes descalificaciones contra el fiscal la hace el penalista a cuenta de la sociedad Urbasa Mediterránea, en la que también participa Sandra de la Puente -le compra acciones a Antonio José Sánchez Marín-. Asegura la Fiscalía en su denuncia que esa mercantil se convirtió en «una especie de conseguidor, mediando a cambio de sustanciosas cantidades de dinero entre las empresas inmobiliarias y el departamento que dirigía el señor Peñalver».
Y, a modo de ejemplo, señala el fiscal la venta de un terreno por parte de Urbasa al promotor Félix García Ripoll, a quien cobran 1,2 millones de euros a cambio de conseguir que tal parcela obtenga la calificación de urbanizable en el plazo improrrogable de 24 meses. De no lograrlo, Urbasa se compromete a devolver a García Ripoll 750.000 euros. «El negocio que se realiza -indica el fiscal- no es realmente una compraventa de tierras, sino la gestión de un aprovechamiento urbanístico. Y como ese aprovechamiento deberá otorgarse con el dictamen favorable del esposo de Sandra, el señor Peñalver, (...) pues todo queda en casa».
Responde el letrado a esa acusación que, «además de «gratuita, acredita no ya la complejidad del tema urbanístico, sino la necesaria preparación para entenderlo. Salvo que lo que se pretenda -añade en referencia a la Fiscalía- es enmarañar la cuestión y dar palos de ciego».
Así, señala el letrado que el puesto de jefe de Planeamiento que ocupaba su cliente «es jerárquicamente de sexto nivel», y en segundo lugar, respecto al proyecto Sucina Golf mencionado por el fiscal, se precisan tres informes municipales, cinco de la Comunidad Autónoma y uno estatal para sacar adelante el plan residencial.
«Como puede comprobarse -incide- el informe del Servicio de Planeamiento es uno de los nueve, sin duda importante pero no vinculante para quien en realidad aprueba el proyecto, y no como con clara ignorancia (¿tendenciosidad?) afirma el Fiscal».
Además pone de relieve que no es algo inusual en la compraventa de terrenos vincular la operación a la consecución de determinados hitos urbanísticos.
'PEÑALVER ARQUITECTOS S.L.'
En su denuncia, la Fiscalía asegura que Sandra de la Puente actúa como tapadera de su esposo, «y para asegurarse la participación en las ganancias», al entrar a formar parte del despacho de arquitectos fundado por el padre y el hermano de Joaquín Peñalver: Peñalver Arquitectos y Asociados S.L.
Alega el abogado que la participación de esta mujer en el negocio está perfectamente justificada por su condición de economista y por sus conocimientos en dirección de empresas.
Aunque no niega que Peñalver facturase en un sólo año más de 500.000 euros a su propia familia, sostiene el abogado que eso demuestra que el jefe de Planeamiento no necesitaba a su mujer como tapadera, pues él obtenía sus ingresos facturando directamente al despacho.
También reseña que ninguno de los proyectos elaborados por Peñalver Arquitectos y Asociados S.L. fue informado personalmente por el jefe de Planeamiento, «sino por otros técnicos municipales».
SOCIOS Y COLABORADORES
La página web de Peñalver Arquitectos y Asociados S.L. recogía una amplia relación de despachos colaboradores. Un motivo que ha llevado a la Fiscalía a apuntar en su denuncia que los proyectos surgidos de esos despachos estaban vinculados, o tenían su origen, en la empresa montada por los familiares de Joaquín Peñalver.
Señala el abogado que ése «es un argumento insostenible y parece malintencionado, ya que lo que al parecer persigue la Fiscalía es aumentar injustificada y artificialmente la lista de proyectos en los que supuestamente Peñalver Arquitectos tendría participación». Y, como ejemplo, señala que «sería tan absurdo como considerar socios vitalicios a Rocío Jurado y Raphael por haber cantado juntos, y atribuir las canciones de uno a la otra, y viceversa».
PROYECTOS DE LÓPEZ REJAS
Indica también el fiscal que un «número importante» de proyectos urbanísticos visados por el Colegio de Arquitectos han sido elaborados por el despacho Peñalver Arquitectos, por socios o colaboradores del mismo, y que, entre ellos, «la promotora López Rejas destaca por su número».
Pues bien, argumenta el abogado en su recurso de nulidad que «¡no hay un solo proyecto de dicha mercantil ni de cualquier otra de López Rejas! Aflora en este punto de nuevo la seria duda de si la actuación del fiscal es tan solo poco diligente, o si cabría calificarla en términos más contundentes en orden al fraude procesal».
UNOS INGRESOS MILLONARIOS
Expone Pardo Geijo que los 25 proyectos urbanísticos que, según sus cuentas, ha redactado el despacho Peñalver Arquitectos mientras Joaquín Peñalver fue jefe de Planeamiento, «son sólo el 5%, aproximadamente, del total».
Y sobre los ingresos de Peñalver, indica el letrado que éste ha declarado ante Hacienda unos ingresos totales de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) entre 1995 y 2008. Y pone de relieve que sólo en el 2007, cuando ya estaba en excedencia, ingresó 838.00 euros: su mayor facturación. «Eso -argumenta- hace difícil sostener que los ingresos profesionales de Joaquín Peñalver tengan relación directa o indirecta con el ejercicio de sus funciones al frente del Servicio de Planeamiento».
Por último, el letrado desvela que la mujer de Peñalver tiene importantes conocimientos de urbanismo por haber trabajado en empresas vinculadas al ladrillo, como Grupo Inversor Hispania S.L., con el que trabajó seis meses en los años 2004 y 2005, cuando la sociedad era propiedad de Trinitario Casanova. Este empresario fue el impulsor del controvertido proyecto urbanístico en la finca La Zerrichera, de Águilas, un plan que también está siendo investigado en los juzgados.
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