Durante la pasada legislatura asistimos a un proceso de reformas estatutarias que, a juicio de muchos, entre los que me cuento, suponen un deslizamiento del modelo territorial definido en la Constitución hacia otro confederal, ineficiente, insolidario e insostenible desde el punto de vista financiero. La última entrega de este culebrón es el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, cuyos promotores, sin duda para intentar contrarrestar con ello la indiferencia de la ciudadanía, han recurrido a la socorrida retórica victimista. En este caso la bandera elegida ha sido la del expolio que supuestamente supone el trasvase Tajo-Segura, y la salvación que se propone es la asunción por parte de dicha comunidad autónoma de la gestión del agua de los ríos que la cruzan.

El nuevo Estatuto castellano-manchego, como era de prever, ha despertado una amplia y justificada oposición en la Región de Murcia. Amplia por las graves consecuencias económicas, ecológicas y sociales que puede tener la derogación del trasvase; y justificada porque invade competencias que la Constitución (y el sentido común) atribuyen al Estado.

Como era también de prever, los líderes regionales de PP, PSOE e IU se han lanzado a una competición un tanto histérica de rasgado de vestiduras y de denuncia de las incoherencias oportunistas de los demás. Una competición de altísimo nivel en la que no voy a entrar porque, en lo tocante a rasgados de vestiduras y al poco edificante deporte del «y tú más», nuestra élite política ha alcanzado una maestría digna de mejor causa. De lo que en cambio sí andan escasos es de autoridad moral. Y andan escasos porque hace tiempo que dejaron de actuar como partidos nacionales, algo que en pocas cosas se pone tan de manifiesto como en la política hídrica. Uno de los espectáculos más bochornosos de la política española es el de unos partidos que defienden en Cieza exactamente lo contrario de lo que defienden en Hellín o que protestan airadamente en Murcia y Alicante contra aquello que ellos mismos votan, a pesar de su manifiesta inconstitucionalidad, en el Congreso de los Diputados.

Y mientras los barones de los partidos se dediquen a predicar en su feudo sólo lo que sus electores quieran escuchar, ya pueden los líderes políticos murcianos sacar pecho, hacer declaraciones de amor a su tierra y fotografiarse compulsivamente en las cabeceras de todas las manifestaciones habidas y por haber. Si estos aspavientos sirvieran para algo más que la propaganda populista, el Guadalentín sería el Nilo y el Segura el Amazonas; porque si de algo no hay déficit en Levante es de fotos de políticos en manifestaciones por el agua. Lejos de resolver nada, estas políticas aspaventeras son la mejor expresión de la dinámica particularista que ha generado la actual situación. O sea, de los polvos hidroabertzales de los que vienen estos lodos.

UPyD defendió en su programa electoral que «es rechazable que se busque aislar la utilización de los recursos naturales dentro de los espacios regionales bajo la falsa idea de que esos recursos pertenecen sólo a sus habitantes» y «la exclusividad de la competencia estatal en lo que atañe a (...) recursos hidráulicos». Por eso su diputada Rosa Díez fue la única que votó no a la admisión a trámite del Estatuto de Castilla-La Mancha. Y porque nuestro partido defiende lo mismo en toda España podemos los afiliados de UPyD de la Región de Murcia mirar a ese Estatuto con la cabeza bien alta. Ahí están para demostrarlo las enmiendas de UPyD, que, a diferencia de las de PP y PSOE, son de supresión de todas las menciones al agua, estén en el articulado, las disposiciones o el preámbulo. La votación de esas enmiendas dará además a los demás diputados una oportunidad de oro de retratarse y dejar por fin de marear la perdiz y tratar a la ciudadanos como menores de edad. Si no se aceptan nuestras enmiendas, Rosa Díez votará no, y éste no será un no rebelde sino todo lo contrario: será un voto de estricta obediencia a lo que dicen el manifiesto, el programa y los órganos nacionales de Unión Progreso y Democracia.