CUADERNO DE BITÁCORA
A todo esto, ¿qué dice Trinitario Casanova? El anterior propietario del Grupo Hispania está en el origen de todo el escándalo que se cuece alrededor de La Zerrichera por su empeño en sacar adelante una urbanización dentro de un espacio protegido. ¿Cuál fue su papel de muñidor? Hay que recordar que Casanova fue imputado por un presunto delito de cohecho en una ramificación de este caso: el portavoz socialista de Águilas, Ramón Román, denunció que su antiguo compañero de partido, Pedro Gil, intentó sobornarle (supuestamente), con dinero de Casanova (también supuestamente) para que apoyara el negocio. Gil lo negó.
Un alcalde, un ex concejal, cinco ex altos cargos y un ex consejero -un salto notable- están en una lista de imputados que incluye al propio Casanova y que sige sacudiendo a la Región de Murcia con un desenlace abierto a cualquier nueva sorpresa.
Con la detención de Francisco Marqués hay que aclarar qué parte de su imputación por presunto cohecho y prevaricación correspondería exactamente a La Zerrichera y qué parte no. La investigación de su patrimonio se activó en el transcurso de la instrucción judicial de este caso, pero se ignora hasta dónde llega, en el tiempo, el balance de las cuentas y bienes bajo sospecha del ex consejero.
Rayando el surrealismo, el diputado regional Juan Morales, imputado por cohecho en la Operación Tótem, se permitió dar consejos a Marqués el mismo día que reapareció en la Asamblea Regional después de un año largo de baja por depresión, como si aquí no hubiera pasado nada. Agarrado a su acta parlamentaria. Aquí, en Murcia, donde no dimite ningún requeteimputado, como los alcaldes de Águilas (PP) o Totana y Librilla (ex PP).
Se intuyó desde el principio que La Zerrichera no era un caso del montón. Hay que traer a colación que un inocente informe de la Dirección General de Medio Natural, que era contrario a la construcción del complejo residencial, se convirtió en el principal objetivo a batir. A partir de ahí se descubrieron las tensiones y presiones a las que se ven sometidos funcionarios y técnicos que tienen que lidiar con determinados proyectos.
Si de algo ha servido hasta ahora el caso de La Zerrichera -y mucho- ha sido para dignificar el trabajo de estos profesionales públicos. Ha habido un antes y un después, puesto que ahora tienen, en términos generales, mayor libertad y menos interferencias políticas para desempeñar sus tareas. Alcaldes, concejales y altos cargos de turno se cuidan mucho de entorpecer o influenciar el curso de informes sensibles en los que están en juego muchos millones.