Detienen al ex consejero Marqués por delitos vinculados al 'caso Zerrichera'

Seis meses ha tenido el ex consejero de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, Francisco Marqués, para preparar una bolsa con unas cuentas mudas de ropa limpia y algunos útiles de aseo, en previsión de que cualquier noche pudiera acabar durmiendo en un calabozo. En concreto, desde el pasado 27 de agosto, en que publicó en exclusiva que sus teléfonos habían sido intervenidos y que su patrimonio estaba siendo exhaustivamente investigado por sospechas de que hubiera podido haber delinquido en relación con el .

Los peores augurios para el ex alto cargo del Gobierno regional se cumplieron a mediodía de ayer, cuando agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta, sección Blanqueo de Dinero (UDEV-BLA) del Cuerpo Nacional de Policía lo localizaron en Madrid, en el domicilio de una de sus hijas, y le informaron de que estaba detenido por una amplia relación de posibles delitos: prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y delitos contra la ordenación del territorio, entre otros, según han confirmado fuentes de la investigación.

Traducido a un lenguaje menos técnico, lo que trata de determinar el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, que instruye las diligencias sobre el citado caso Zerrichera, es si Marqués recibió dinero o recompensa, o promesa de tales, por su actuación en el proceso de recalificación de 240 hectáreas en la diputación aguileña de Téber. En esta finca, propiedad entonces del empresario Trinitario Casanova, estaba previsto construir 4.000 viviendas y un hotel de lujo, en torno a varios campos de golf, y ello pese a que el paraje era objeto de una especial protección ambiental. En la misma línea, el magistrado intenta esclarecer si, a cambio o no de alguna posible compensación, el entonces consejero de Medio Ambiente adoptó alguna resolución injusta a sabiendas y si, con ello, actuó contra las leyes de ordenación del territorio.

Un año bajo la lupa

Francisco Marqués ha permanecido algo más de un año bajo la mirada inquisidora de los agentes de la UDYCO. En concreto, desde el 24 de enero del 2008 en que el juez instructor dio vía libre a los policías judiciales para husmear en sus cuentas bancarias y en su patrimonio -también en el de su esposa- y autorizó a intervenir las conversaciones que mantenía desde su teléfono.

Curiosamente, fue un antiguo subordinado suyo, el ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado (imputado en ese mismo caso), quien puso a los investigadores sobre su pista. Lo hizo al mantener una conversación telefónica con el secretario general de la Consejería de Política Social, Fernando Mateos, que estaba siendo intervenida, y en la que Alvarado se refería a Marqués, aunque sin nombrarlo expresamente, como «el gran mullidor (sic)» -habría querido decir «muñidor»; esto es, el que concierta o dispone un asunto con engaño-, y añadía que se trataba de la persona que «debería estar y no está», que ya no se dedica a la política y que «está ganando mucho dinero todos los meses».

Todos esos datos coincidían fielmente, a juicio del juez y de los investigadores, con la figura del ex consejero, que en la actualidad, y desde hace tres años, es director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), primera empresa de la Región en volumen de facturación.

Un considerable patrimonio

Marqués, quien antes de entrar en política trabajaba como veterinario en la factoría que ElPozo tiene en Alhama de Murcia, ha amasado en los últimos años «un considerable patrimonio», fundamentalmente inmobiliario, a juicio de los investigadores. El hecho de que posea diversas propiedades en Murcia, en la costa de Orihuela, y en otras comunidades complicó ayer su localización.

Aunque los especialistas de la UDEV-BLA habían montado un amplio dispositivo en Murcia para detenerlo a primera hora de ayer, tuvieron que improvisar sobre la marcha al ser conscientes de que estaba fuera de la Región. Horas después lo localizaron en Madrid y lograron detenerlo cuando llegaba al domicilio de una de sus hijas.

Poco después, varios vehículos camuflados de la Policía Nacional iniciaban el camino hacia Murcia, llevando a bordo al detenido. Pasadas las ocho de la tarde era introducido en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, donde será interrogado durante las próximas horas. Los policías disponen de un plazo máximo de 72 horas, contadas desde el momento de su detención, para tomarle manifestación, y antes de que ese periodo expire tendrán que ponerlo a disposición del juez Antonio Alcázar.

Será éste quien decida el futuro más inmediato de Marqués: si sale libre o acaba entre rejas.