26.02.09 -
JOSÉ IBARROLA
Hoy, 26 de febrero de 2009, se cumplen treinta años desde que ingresé en la carrera judicial. Desde que en agosto de 1979 tomé posesión de mi primer juzgado han ocupado la cartera de Justicia muchos ministros, lógicamente pertenecientes a gobiernos de distintos colores.
Durante sus mandatos, todos ellos han hecho referencia alguna vez al esfuerzo presupuestario de su Departamento con la Administración de Justicia, justificando así sucesivamente la precaria cobertura económica otorgada a este importante servicio público. Tal planteamiento sería aceptable si de una ONG se tratase, pero no cuando afecta a unos de los esenciales aspectos del funcionamiento de un Estado de Derecho.
Es obligación del propio Estado cubrir adecuadamente esa parcela de la Administración Pública y ello conlleva la necesidad de dotarla de los medios de toda índole que la misma precisa para su correcto funcionamiento.
El pueblo español no es necio y entiende perfectamente las cosas cuando se le explican convenientemente. No deben los ciudadanos seguir apreciando que si la Justicia no funciona como es debido es porque los jueces y demás componentes de la misma no cumplen su cometido de forma adecuada.
Hay que decirles la verdad y reconocerles alto y claro que con la infraestructura personal y material actual sólo torpemente puede atenderse la demanda de respuesta judicial que una sociedad democrática y moderna como la española genera. Las ratios y estadísticas en comparación con los llamados países de nuestro entorno hablan por sí solas.
Ya se encargarán el legislador y el Tribunal Constitucional de establecer si existe o no el derecho de huelga para quienes integran el Poder Judicial, pero lo cierto es que los jueces también somos parte de la Función Pública y el reciente paro de una jornada seguido por muchos jueces y magistrados, como la huelga de funcionarios protagonizada durante dos meses el año pasado, no son sino exponentes, a modo de aldabonazos, de la presión que soportamos quienes, a modo de pantalla o fachada de la Justicia, nos convertimos en receptores del malestar ocasionado por aquellas carencias, sin que en nuestra mano esté resolverlas.
Hora es ya de que el Estado nos facilite los medios oportunos para administrar Justicia, no para dispensarla. Cuando en una gasolinera se agota el combustible se precintan los dispensadores y se invita al usuario a acudir a la más próxima. Esto no es factible en la Administración de Justicia, pues sólo el Estado, incluyendo en tal concepto a las comunidades autónomas, puede prestar ese servicio, sin posibilidad de remitir al ciudadano a otras sedes cuando la demanda rebasa las previsiones.
Si se reflexiona sobre las tres grandes parcelas en que debe vertebrarse el servicio a los ciudadanos en un Estado de Derecho de corte occidental, como el que felizmente disfruta España en la actualidad, se alcanzará la convicción de que estos principales sectores de la Administración son la Sanidad, la Educación y la Justicia. Pues bien, la Sanidad que se nos brinda es, pese a sus deficiencias, absolutamente aceptable, la Educación igualmente estimable. Nadie se queda sin hospitalización o sin escolarización. Además, si a algunos no les agrada la sanidad o la educación pública, y sus recursos se lo permiten, pueden acudir a los servicios privados de una y otra. Esto no es posible en la Justicia, pues ni siquiera suponen un alivio los sistemas arbitrales legalmente regulados, pues muchas veces los laudos acaban en los juzgados para ser interpretados o ejecutados.
Los juristas esperamos con anhelo ver publicado -por fin- en el BOE el mayor proyecto, hoy en tramitación parlamentaria, de reforma de Oficina Judicial que jamás ha visto España desde el siglo XIX. Cuándo llegará la hora de Justicia, la exigida y esperada por aquellos ciudadanos. Si desvestimos de ropajes la palabra democracia, quizás que su quintaesencia se compendie en dos términos: urnas y tribunales.
Las urnas funcionan adecuadamente en este país, entre otras cosas porque los procesos electorales de toda índole son controlados por el Poder Judicial. Sería conveniente que algún ministro de Justicia, y a ello exhorto al recientemente nombrado, consiguiese de su Gobierno, y, por ende, del Estado, que funcione igualmente bien la Justicia. Para ello, deberá olvidarse del sempiterno esfuerzo presupuestario de cada ejercicio y dotar a los juzgados y tribunales de las personas y medios necesarios para que nunca se pueda confundir la prestación de un servicio tan elemental con el suministro, hasta donde se llegue, de tan preciado producto.
