REGIÓN MURCIA
El proyecto, en el que participan tres investigadores de la Universidad de
Murcia, se basará en seis casos concretos asociados al 'boom' del ladrillo
25.02.09 -
Averiguar los motivos de la corrupción política en España asociada a la actividad urbanística y analizar los mecanismos relacionados con el control de los gobiernos y administraciones locales y las estrategias de las redes de corrupción en el ámbito local. Estos son los dos ejes principales sobre los que gira el nuevo proyecto de investigación del grupo de Análisis Político de la Universidad de Murcia, capitaneado por el profesor Fernando Jiménez Sánchez. En el estudio participan, además, los profesores de la UMU Fuensanta Gómez y Pedro Rubio, así como Manuel Villoria (Rey Juan Carlos I), Fabiola Mota (Centro de Estudios Andaluces), Diego Vera (Universidad de Málaga), Jesús Lezcano (Universidad Autónoma de Madrid), Gloria AMrtínez y Mónica García Quesada.
En concreto, el proyecto abordará la corrupción urbanística desde la perspectiva de los problemas del control de la integridad de los representantes públicos y partirá de la hipótesis de que el marco institucional en que se ha llevado a cabo la política urbanística en España hasta la Ley de Suelo de 2007 «ha generado formidables incentivos para la corrupción». En este sentido, intentará analizar el marco legal e institucional, con sus correspondientes incentivos, en el que los gobernantes municipales «han tomado en años recientes sus decisiones en el terreno de la política urbanística». Igualmente, la investigación atenderá «especialmente a los marcos institucionales que permiten que el representante público tenga margen de maniobra suficiente para favorecer intereses particulares espurios a la hora de decidir la política urbanística de un municipio sin incumplir aparentemente la legalidad».
Según el investigador responsable, el estudio tratará de analizar la forma en que operan e interactúan las redes de actores involucrados en estas políticas, «así como el funcionamiento y el rendimiento de los mecanismos institucionales de control con los que el sistema político y legal trata de evitar el uso en beneficio particular del desempeño de un cargo público, esto es, la corrupción política, y cuáles son las estrategias con las que los actores que participan en las redes de corrupción procuran desactivarlos».
El proyecto analizará y evaluará los efectos de la Ley 8/2007 de Suelo para la contención de la corrupción urbanística en la segunda fase de la investigación, y pretende «constituir un grupo estable para la investigación de la corrupción política y el control de la integridad de los representantes públicos».
Para ello, el grupo avanzó que el estudio se basará en seis ejemplos de municipios afectados por la corrupción y de municipios que, reuniendo condiciones análogas de potencialidad urbanística, no hayan sido afectados, estos últimos con la finalidad de efectuar un análisis de contraste y de validar el conjunto de variables clave explicativas del fenómeno.
Las razones
Las razones que llevan a plantear la investigación «son de una triple naturaleza, por un lado una cuestión de hecho, y es que el planeamiento y la gestión urbanística en el ámbito del gobierno local es una de las principales fuentes de corrupción política en nuestro país». En segundo lugar, la UMU alegó «una cuestión práctica, ya que la corrupción política no sólo produce resultados altamente ineficientes desde el punto de vista económico, sino que también genera graves problemas para la estabilidad política: contribuye a minar la confianza de los ciudadanos en el sistema político, lo que genera un serio problema de deslegitimación de las instituciones políticas».
Por último, el estudio está motivado por una cuestión teórica, ya que «con contadas excepciones, las ciencias sociales españolas no han dedicado demasiada atención al estudio de este problema».
