23.02.09 -
Ricardo Pérez./ G. CARRIÓN
EN CONTRA DE LA ASIGNATURA
Ricardo Pérez, 51 años, maestro de Tercer Ciclo de Primaria y Primer Ciclo de E.S.O.; lleva 25 años casado y tiene seis hijos. Su hija María, de 13 años, es objetora. Tras el dictamen del Supremo, ratificado el pasado martes, Ricardo afirma que «si fuese necesario para la defensa de los derechos fundamentales, que como padre me asisten, iré hasta donde haga falta».
Ricardo aclara que antes de tomar una decisión con respecto a la objeción de su hija, «nos sentamos a hablar, mi esposa y yo, con ella. Como era lógico, su preocupación era que pudiera suspender, pero después de la charla estuvo de acuerdo con no entrar a clase. El suspenso de la primera evaluación, el primero de su vida escolar, lo ha asumido con naturalidad; es el precio que está pagando por una educación en libertad».
¿Y qué les llevó a objetar? «Las materias de Educación para la Ciudadanía suponen la formación de la conciencia moral de nuestros hijos al margen de lo que los padres opinemos. Esta nueva conciencia cívica significa impartirles una serie de principios morales democráticamente aceptados, es decir, impuestos por la mayoría a través del gobierno de turno. El partido que sustenta el poder pretende decirle a nuestros hijos cómo tienen que pensar y comportarse en determinados temas, muchos de ellos cuestionables. Ésa parte de la educación corresponde a los padres. Y además, los chavales van a ser evaluados, no en conocimientos, sino en si manifiestan o no una adhesión positiva a los valores y comportamientos que nos quiera imponer la mayoría de turno».
Ricardo opina que «en el fondo de todo esto subyace una batalla por la libertad y la democracia. El Estado, este gobierno, quiere adoctrinar a nuestros hijos. Necesita futuros votantes indolentes, dóciles y adormecidos que les asegure la permanencia en el poder».
«Si no piensas como ellos eres un carca, un intransigente, un reaccionario. Y a pesar de lo que pareciera, están negando la razón, la racionalidad de la persona. No voy a decir que los jueces hayan decidido lo que el Gobierno les haya indicado, porque desconozco la sentencia, pero sí diré que lo mismo que un periodista sabe lo que no tiene que escribir si quiere que se publique en su periódico, también hay jueces que saben qué sentencias no deben dictar si quieren prosperar en el escalafón. De esto tenemos en Murcia un reciente ejemplo que no hace falta comentar», dice en referencia al juez Ferrín Calamita, que ha sido condenado recientemente por poner trabas a la adopción por parte una pareja de lesbianas.
