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El presidente de la Generalitat valenciana se ve salpicado también por el 'caso Gürtel'. / Efe
Ha comparecido ante los medios de comunicación'

Camps se querellará contra quien mantenga la acusación de implicación en la trama de corrupción

El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha desmentido hoy las informaciones que le vinculan con la investigación del juez Garzón

.J.L. MORALES

Jueves, 19 de febrero 2009, 13:59

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana prevé convocar esta tarde a las 19 horas Reunión Ejecutiva del partido regiuonal para hacer balance y análisis de todas las informaciones que vayan saliendo a lo largo del día como consecuencia de la publicación por parte de El País de una noticia en la que se señala al presidente de la Generalitat como uno de los investigados en el Caso Gürtel en el que trabaja el juez Garzón.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha declarado ante los medios esta mañana para responder a estas acusaciones, denunciando una 'caza de brujas política' en la que se siente 'perseguido y herido contra su honor'. En la comparecencia, el presidente anuncia que se querellará hoy mismo contra quien proceda y mantenga estas acusaciones, algo en lo que están trabajando los servicios jurídicos del Consell.

Ahora mismo, el presidente de la Generalitat se encuentra en la sesión de control de las Cortes Valencianas.

Por su parte, los consellers van a comparecer a petición propia en sus comisiones parlamentarias para responder a las dudas que puedan surgir en la oposición.

COMPARECENCIA

Camps ha comparecido esta mañana arropado por todos los consellers y por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Junto a ellos ha afirmado que se está dando 'una caza de brujas contra el Partido Popular en la que las acusaciones no han durado ni 24 horas'.

El presidente de la Generalitat también ha criticado duramente la manera en la que se han llevado a cabo estas acusaciones ya que 'se generan de manera que uno no se puede defender'.

Francisco Camps ha afirmado que está dispuesto a hacer declarar a 'todas las personas, de empresas y administraciones, hasta el último funcionario que ha tenido contacto con él en todas las etapas de su carrera política desde que era concejal en el Ayuntamiento de Valencia para que digan si alguna vez ha insinuado algún trato de favor de este tipo'.

También se mostró triste porque 'cuando pasamos a la democracia me dijeron que la diferencia con la dictadura es que a las seis de la mañana sólo te sacaba de la cama el lechero o el cartero. En cambio ahora también te imputan', ya que ha sido a esta hora a la que el presidente de la Generalitat ha sido informado de las acusaciones que se vierten en la publicación de El País.

El presidente de la Generalitat enmarcó la situación a este "extraño proceso de sumario y de filtraciones interesadas" para "dividir" el partido, crear "incertidumbre" y el "ataque" entre ellos y después "la desafección" de sus militantes y simpatizantes. "No lo han conseguido y pido tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros porque saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia, de esta amarga situación", subrayó.

Asimismo, advirtió: "de esta filtración se desprende una hipotética investigación a una persona aforada que podría anular todo el procedimiento y cuando lo que se busca es la persecución del delito, un error de estas características tendría unas nefastas consecuencias judiciales".

PUBLICACIÓN DE LA NOTICIA

El diario El País publica hoy, en su portada, que el presidente de la Generalitat valenciana sería uno de los aforados que investiga el juez Garzón en el contexto de la operación "Gürtel" (correa, en aleman). Así se destila del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón pidiéndole que se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales.

Según el diario, que cita fuentes de la investigación, el informe de la Fiscalía "cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de los supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana".

En las grabaciones aportadas en la denuncia "aparece una frase de una imputada -dice el País- que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de trato de favor con la Administración valenciana".

Fuentes de la Generalitat ya negaron veracidad a estas acusaciones en una anterior ocasión cuando se conoció la información, aunque entonces no se especificaba quién era la persona aforada a la que se referían.

DECLARACIÓN ANTE GARZÓN

Garzón tomará declaración hoy al chófer del empresario Francisco Correa, que se encuentra entre los 37 imputados por delitos económicos y fue detenido el pasado lunes por orden del magistrado, según informaron ayer fuentes jurídicas.

Con esta declaración el juez sumará 11 interrogatorios desde que se produjeron las detenciones del empresario y sus dos colaboradores más directos, Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.

Hasta la fecha, Garzón ha ordenado el ingreso en prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama, a los que Garzón imputa indiciariamente los delitos de tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho y asociación ilícita.

Ha dejado en libertad a siete personas: Álvaro Pérez, responsable de la filial valenciana de la trama Orange Market; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; uno de sus trabajadores, José Luis Izquierdo; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; Carmen Luis Cerezo, que trabajaba como secretaria; Jacobo Gordon, compañero de colegio, testigo de boda y socio en la primera empresa de Alejandro Agag, el yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar; y el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín.

El juez ha impuesto comparecencias judiciales semanales a Pérez e Izquierdo, mensuales a las tres mujeres y no ha fijado medida cautelar alguna en el caso de Gordon y Blanco Balín.

CITA EN GÉNOVA

La directiva nacional del PP ha citado a los ex alcaldes de Boadilla y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente, a comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías para dar cuenta de las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos.

Ambos han sido imputados por el juez Garzón en el proceso judicial que investiga una presunta trama, cuyo cabecilla, Francisco Correa, realizó negocios poco claros con los dos ayuntamientos.

Fuentes municipales de Boadilla del Monte han confirmado que González Panero ha sido citado por Garzón para declarar la semana próxima en la Audiencia Nacional, pero no han podido concretar la fecha exacta.

Por otra parte, el Consistorio de Boadilla ha convocado un pleno el próximo viernes a las 10.00 horas para elegir al sustituto de González. Las mismas fuentes han asegurado que la elección del sucesor dependerá de una reunión de los concejales que se celebrará hoy o mañana.

Los nombres que se barajan son los de los ediles Belén Húmera, actual alcalde en funciones y primera teniente de alcalde, Juan Sidera y Ramón González Bosch.

Húmera fue nombrada primer teniente de alcalde por el ex regidor tras destituir a María Jesús Díaz que se enfrentó a él en las últimas elecciones internas celebradas en diciembre de 2008 aunque no logró vencerle.

Díaz fue obligada por el PP a dimitir el pasado 10 de febrero para que González aceptará renunciar al cargo de alcalde ya que aseguró que no estaba dispuesto a que su contrincante fuera la alcaldesa y la culpó de estar detrás de los dossier en los que le acusan de un presunto enriquecimiento ilícito

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