La preocupación por el riesgo de accidentes de tráfico ha llevado a decenas de particulares, asociaciones y juntas vecinales a solicitar al Ayuntamiento que coloque reductores de velocidad en las calles y carreteras de Cartagena. La Concejalía de Seguridad tiene en estudio en el área de Tráfico de la Policía Local un elevado número de solicitudes para instalar lo que popularmente se conoce como resaltes o guardias dormidos.
La presión de los residentes de zonas como la Avenida Ronda Ciudad de La Unión, Tentegorra o la carretera de Canteras, así como la constatación de que había accidentes frecuentes y en algunos casos mortales han llevado al consistorio en los últimos dos años a a poner estos elementos de frenado de vehículos.
Sin embargo, son muchas más las zonas de la ciudad y las diputaciones en las que los cartageneros quieren reductores: Los Mateos, Torreciega, la Avenida de Colón... Anteayer, por ejemplo, el concejal socialista Pedro Trujillo hizo un ruego en el Pleno del Ayuntamiento pongan bandas reductoras en la Avenida San Juan Bosco. Es una vía muy transitada de la Barriada Hispanoamérica desde la que se accede a tres colegios.
Semáforos y señales
El edil, como muchos vecinos, puso el acento en que hay bastantes conductores que incumplen a diario los límites de velocidad a pesar de la existencia de discos, semáforos y pasos de peatones.
La decisión de poner resaltos obedece a criterios como el volumen de tráfico que soporta una calle, sus dimensiones, su regulación semafórica y el diseño de la circulación en las vías cercanas.
«Si por los vecinos fuera, habría resaltes en cada calle. Pero hay que llevar a cabo estudios sosegados y rigurosos acerca de la conveniencia de colocar estos elementos, teniendo en cuenta la problemática de cada zona y la configuración general del tráfico en la ciudad. El cambio que tú hagas en una calle afecta a las demás, y hay que ser muy cuidadoso», argumentó el director general de Seguridad, Carlos Nieto. Del 2002 al 2007, la Policía Local puso 111 resaltes en el municipio.
Además de los problemas propios de cada zona y de la necesidad de coordinar las marcas viales en las diferentes vías para dar agilidad al tráfico, hay otras tres cuestiones que dificultan la instalación de bandas reductoras de velocidad: una es presupuestaria, otra de ruidos y otra de exigencias legales.
Dos años para adaptarlos
La primera de ellas se refiere a que, como en cualquier partida, el dinero que el Ayuntamiento prevé cada año para estos elementos no es ilimitado. La segunda es que muchos vecinos «aunque hayan pedido los resaltes, luego se quejan de que soportan mucho ruido cuando los conductores pasan rápido sobre ellos», afirmó Nieto.
El tercer escollo es que los ayuntamientos y comunidades autónomas sin normativa propia deben adaptar en un plazo máximo de dos años sus reductores a una normativa aprobada el pasado 30 de octubre por el Ministerio de Fomento sobre las características técnicas que deben cumplir resaltes y pasos de peatones sobrellevados.
Y, según advierte Nieto, los proveedores de resaltes «todavía no venden los reductores que exige instalar Fomento».