REGIÓN MURCIA
Considera que el acuerdo es «lesivo para los intereses de la sociedad murciana y contiene graves defectos legales»
José Antonio Cobacho y Ramón Luis Valcárcel hablan en la apertura del curso 2006-2007 en la UMU. / NACHO GARCÍA
La Universidad de Murcia exigió ayer a la Comunidad Autónoma la «denuncia inmediata de los convenios suscritos entre el Servicio Murciano de Salud y la Universidad Católica San Antonio». Lo hizo a través del Consejo de Gobierno de la institución tras una reunión de más de dos horas entre el vicerrector de Ciencias de la Salud, Manuel Vidal, el secretario de la Universidad, José Fulgencio Angosto, y el decano de la Facultad de Medicina, Joaquín García-Estañ, después de que en la reunión ordinaria del Consejo, el viernes pasado, no se pudiera tratar el tema «por falta de tiempo», según fuentes de la Universidad.
De esta manera, y respondiendo a las demandas de gran parte de la comunidad universitaria perteneciente a la UMU, que pedía una reacción contundente de las autoridades, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia manifestó ayer, a través de una declaración institucional, su «repulsa hacia el convenio por considerar que resulta lesivo para los intereses de la sociedad murciana y de su Universidad». Además, la UMU considera que el acuerdo «puede suponer una repetición de los problemas que desde hace unos años vienen sufriendo los alumnos de enfermería de nuestra Universidad, los cuales en reiteradas ocasiones han denunciado los privilegios, y consiguientes perjuicios para ellos, de que gozan los alumnos de la Universidad privada en el uso de bienes y servicios públicos, como consecuencia de la firma de convenios similares con la UCAM».
Incremento de plazas
La declaración del Consejo de Gobierno de la Universidad continúa asegurando que «la Facultad de Medicina de la Universidad, ante la demanda de formación de profesionales de la medicina, ha respondido incrementando en los últimos tres años el número de alumnos de nuevo ingreso, aumento que ha supuesto prácticamente la duplicación de dicha Facultad de Medicina. La formación de médicos requiere del concurso de las instituciones sanitarias de la región, de tal manera que la práctica totalidad de los recursos clínicos del Servicio Murciano de Salud están a la disposición de la formación práctica de los alumnos de la Universidad de Murcia. Esto se ha hecho porque la formación de estos estudiantes exige de un número mínimo de camas clínicas (una cifra adecuada sería de 5 por alumno según criterios de la Organización Mundial de la Salud) para sus enseñanzas prácticas; así, el Servicio Murciano de Salud ha ofertado unas 2.100 camas para la docencia pregraduada de los estudiantes de Medicina, todas ellas necesarias para cumplir con los compromisos de ampliación del número de plazas en la facultad de Medicina.
Por otro lado, el máximo órgano de decisión de la UMU considera que los convenios entre el Servicio Murciano de Salud y la UCAM «suponen un sensible límite a las posibilidades de la Universidad de Murcia, pudiendo obligar a que ésta tenga que ajustar el número de alumnos de nuevo ingreso para mantener los actuales parámetros de calidad. Asimismo, estos convenios resultan gravemente lesivos para los intereses de los estudiantes de la Universidad de Murcia, ya que obligarían a aumentar el número de alumnos por cama clínica, con el consiguiente detrimento en su formación. Tal situación constituiría un fraude social al restringir las expectativas de la sociedad murciana que anhela una formación de calidad para sus graduados universitarios».
Además, la declaración recoge que el convenio «responde a criterios de oportunidad y tiene como finalidad facilitar a la Universidad privada la verificación por la Aneca de la titulación de Medicina, mediante la puesta a su disposición de servicios públicos necesarios para la Universidad de Murcia», y añade que «la mayor reprobación que se puede realizar a este convenio es que el Servicio Murciano de Salud cede todas las instalaciones y el personal de los centros concertados para impartir docencia clínica y práctica a los alumnos de una Facultad de Medicina inexistente, para que cursen un plan de estudios desconocido, y comprometiéndose a prestaciones incompatibles con los convenios firmados con la universidad pública, hasta el punto que su aplicación podría obligar a un profesor de la Universidad de Murcia a dar clase a alumnos de la UCAM».
También se refiere el Consejo de Gobierno de la UMU a los «graves defectos legales que puede resultar determinantes de su nulidad radical» y al deseo de la Universidad de Murcia de «mantener la larga historia de colaboración con las instituciones sanitarias de nuestra Región».
Desde el Gobierno
Por su parte, el Gobierno regional se expresó ayer a través del consejero de Universidad, Empresa e investigación, Salvador Marín, que dijo que «aún no tenemos todos los elementos de juicio sobre el mismo que afecten directamente a la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación. Cuando llegue, en su caso, el momento de tratar la posible implantación de la docencia e investigación en medicina y cirugía como título de la UCAM, se estudiará de forma global y se tomará la decisión que corresponda en su momento, primando, como siempre, la calidad de la formación universitaria en la Región de Murcia».
