La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó ayer su respeto por la manifestación celebrada en Murcia en defensa del trasvase Tajo-Segura y ha dicho que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha sigue su trámite parlamentario. «El derecho de manifestación está recogido en nuestra Constitución y, por lo tanto, no tengo nada que opinar sobre eso».
Mientras tanto, en Murcia y Toledo se hacen valoraciones distintas. El consejero de Agricultura de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha dicho que fue «un fracaso», porque contó con muchos menos participantes que en otras convocatorias. «Los ciudadanos de Murcia son más inteligentes que sus dirigentes y han entendido que el Estatuto de Castilla-La Mancha, sólo incumbe a esta región y no a otras». Ha dicho no entender por qué «al PP no le parece bien la reserva de 600 hectómetros cúbicos que se plantea para consumo humano en el Estatuto de Castilla-La Mancha y, sin embargo, si lo acepta en el caso del Estatuto de Aragón».
La secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, también calificó de «fracaso» la protesta realizada en Murcia contra el Estatuto castellano manchego. Padilla, en rueda de prensa, ha planteado que una manifestación que iba a reunir primero a 400.000 personas, luego a 200.000 y más tarde a 75.000 congregó como mucho a 15.000 personas. Aunque la manifestación estaba organizada por los regantes, la dirigente socialista ha atribuido la convocatoria al PP, pues, según ha dicho, «el PP en Levante cada vez moviliza menos y tiene menos apoyos».
El Comité de Crisis y el Sindicato Central de Regantes, convocantes del acto, señalaron que no se trataba de una manifestación, sino de una asamblea extraordinaria abierta a todo el mundo. Dijeron que esperaban unas 5.000 personas y se dieron por satisfechos con la respuesta del jueves.
Reverte: «Es intocable»
Frente a Toledo, la consejera de Presidencia de Murcia, María Pedro Reverte, valoró el apoyo de la ciudadanía a la manifestación. Dijo que el Tajo-Segura es «intocable». «Bajo ningún concepto debe quedar al albur de las decisiones autonómicas, por tratarse de una competencia exclusiva del Estado». «Los murcianos se manifestaron en defensa de sus intereses presentes y futuros, se expresaron desde la solidaridad y con verdadero sentido de Estado, exigiendo al Gobierno de la Nación que ejerza sus funciones y salvaguarde los intereses de todos los españoles, sin otorgar prebendas a unos sobre los otros», afirmó la consejera murciana.
Con los regantes
El secretario de Coordinación del PSRM-PSOE, Francisco Javier Oñate, y el portavoz del PP de la Región, José Antonio Ruiz Vivo, en sendos comunicados, calificaron la manifestación como «un gran éxito de los regantes». Según Oñate, los socialistas de la Región tienen confianza en que la infraestructura del Tajo-Segura será reforzada con las obras del Tajo Medio «para que la Región reciba los caudales que necesita cada año». Confió en que esta protesta sirva de freno para que algunos dirigentes de Castilla-La Mancha, «especialmente María Dolores de Cospedal, dejen de jugar con los intereses de los murcianos por puro cálculo electoral».
Por su parte, Ruiz Vivo dijo que las palabras de la vicepresidenta socialista de Castilla La Mancha, María Luisa Araújo, acerca de la manifestación que tuvo lugar ayer en Murcia, «son impropias, al asegurar que Murcia crece con recursos ajenos y lejanos». Opinó además, que Araújo, como consejera de Economía, «debería dar explicaciones públicas» sobre el destino que ha dado a los «más de 90 millones de euros» que han pagado hasta el momento los regantes por el agua trasvasada. Para el portavoz popular, estas manifestaciones demuestran «el fracaso del discurso socialista del agua, el fracaso del Plan Agua y el disparate que supuso la derogación del trasvase del Ebro, que ha originado que toda la presión del agua trasvasable recaiga sobre el Tajo».
Por último, la portavoz del PP castellano manchego, Carmen Riolobos, señaló que la proposición de ley presentada por el PSRM en el Legislativo murciano es «un torpedo» lanzado contra el Estatuto de Castilla-La Mancha y que si el presidente José María Barreda, no lo detiene será un cobarde.