Las democracias modernas, contrariamente a lo que parece creer el presidente Rodríguez Zapatero, se basan en un cierto pesimismo antropológico, en la constatación de que quien tiene el poder tiende con demasiada frecuencia a abusar de él y la necesidad de que todo órgano de poder esté contrapesado por otro que lo controle y limite. Por eso la división de poderes es consustancial a toda democracia digna de ese nombre. Y por eso las democracias se han dotado de instituciones que tienen la función de impedir que gobiernos, parlamentos y jueces violen la Constitución (como el Tribunal Constitucional) o de proteger al ciudadano de posibles atropellos por parte de las distintas administraciones (por ejemplo el Defensor del Pueblo).

Uno de los males más graves que aquejan a nuestra democracia es que los partidos políticos mayoritarios han ido acumulando un poder omnímodo a base de copar todas las instituciones, incluidas las que, como el Consejo General del Poder Juidcial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, deben actuar como garantes de la legalidad y de los derechos de los españoles frente a posibles abusos de legisladores o gobernantes. Para garantizar la imparcialidad de estos órganos de control, sus integrantes tienen que ser elegidos por mayorías muy cualificadas de los Parlamentos. Se supone que la necesidad de un consenso amplio impediría que los partidos mayoritarios impusieran sus candidatos y aseguraría que los elegidos fueran personas, además de cualificadas y con autoridad moral, independientes de los partidos. Pero este sistema de elección ha sido pervertido por los grandes partidos (con la frecuente colaboración de los pequeños). Respetando la letra pero violando manifiestamente el espíritu de la ley, han implantado de facto un sistema de cuotas por el que reparten los cargos de estos órganos de control supuestamente independientes entre sus fieles respectivos. Lo que deberían ser acuerdos de Estado ha degenerado en regateos para ver cuántos delegados tocan a cada partido. El resultado es, primero, que en la elección de los miembros se prima cada vez más la fidelidad al partido que los propone sobre la independencia o la competencia profesional y, segundo, que estos órganos de control reflejen cada vez más mecánicamente las mayorías y minorías partidistas de los órganos que deben controlar.

Esto sucede, y cada vez con más descaro, en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Y es lo que acaba de suceder con la elección del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. La voracidad de los partidos, su obsesión por colocar a los suyos en todas las instituciones, incluidas las que deberían ser más independientes, ha hecho que la alegría por la creación de la figura del Defensor del Pueblo nos haya durado muy poco a los ciudadanos murcianos preocupados por la calidad de nuestra democracia. En lugar de para elegir una persona independiente, los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo para lo único en lo que parecen capaces de hacerlo: repartirse el pastel. Porque si hay algo que tienen en común el Defensor, José PabloRuiz Abellán y el Defensor adjunto, Raimundo Benzal, es el de ser hombres de partido. El primero ha sido consejero del Gobierno Regional durante los últimos trece años y el segundo delegado de Educación, concejal del Ayuntamiento de Murcia y, en las dos últimas legislaturas, diputado en el Congreso. Se ha sentado con ello el lamentable precedente de que el Defensor sea un hombre del partido mayoritario y el adjunto un hombre del principal partido de la oposición. A este acuerdo de reparto ha dado su voto Izquierda Unida, ignoro si porque le va a tocar también una parte o porque, simplemente, este es uno más de los temas en los que ha perdido el norte.

No pretendo prejuzgar negativamente su labor, y menos aún sus intenciones, pero sí denunciar el hecho objetivo de que Defensor y Defensor adjunto son cualquier cosa menos personas con trayectorias independientes. Eso sí, como la letra de la ley sí hay que cumplirla, ambos se acaban de dar de baja en sus partidos. Un gesto que demuestra el respeto que merece a los defensores la inteligencia de sus defendidos.