Pasan a disposición judicial los 6 detenidos en San Javier y Fuente Álamo

Los seis detenidos ayer en los municipios de San Javier y Fuente Alamo, presuntamente implicados en la operación 'Valhalla', que investiga posibles delitos fiscales y negociaciones prohibidas a los funcionarios, pasaron a primera hora de hoy a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de San Javier, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Los detenido son los arquitectos municipales de San Javier, Miguel Botella, y Fuente Alamo, José Mariano Sánchez Martini, así como Juan Pedro Sánchez, socios de un estudio de arquitectura, denominado Gruparq 3 S.L., ubicado en San Pedro del Pinatar. La Guardia Civil también detuvo a sus esposas: María Teresa Fernández, Isabel Valderrey y María Angeles Espeso y practicó registros en los domicilios de las parejas, dos despachos y una sede social de una de las empresas.

La juez, que investiga los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, cohecho y asociaciones ilícitas, se encuentra en estos instantes deliberando tras finalizar la toma de declaraciones de los seis detenidos.

Este procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ).

Cabe destacar que el arquitecto municipal de Fuente Alamo, José Mariano Sánchez Martini, ya fue puesto en libertad con cargos en noviembre del pasado año por orden de la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Javier. Esta investigación se inició por presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Fuente Alamo.

En su día, tanto la alcaldesa de Fuente Alamo, María Antonia Conesa, como la concejala de Obras y Servicios, Inés Mendoza; la anterior responsable de Urbanismo, María del Mar Pedreño; el empresario de la construcción Facundo Armero y este arquitecto municipal fueron puestos en libertad con cargos.

La actuación judicial era en base a una denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia y que, en su día, llevó a la Guardia Civil al Consistorio de Torre Pacheco y al de Fuente Alamo para llevarse cajas de documentación sobre varios expedientes urbanísticos.

Concretamente en el caso de Fuente Alamo, se requisó, el pasado 3 de julio de 2007, tres cajas de expedientes urbanísticos correspondientes a dos planes parciales, así como la relación de empresas que trabajan con el consistorio.

Dos semanas antes, el 19 de junio, este mismo juzgado requirió al Ayuntamiento de Torre Pacheco varias decenas de cajas de documentación, también relativa a expedientes urbanísticos y planes parciales desde el año 2004.