Casos como el de Santiago del Valle -el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés- conmocionan a la opinión pública. La rabia, la impotencia y el odio espontáneo que produce un caso como éste se descarga sin contemplaciones contra el sospechoso. Pero ¿y si Santiago del Valle estuviera dentro de su familia y tuviera su misma sangre? Aunque la primera reacción será la de «no puede ser», parece que es más frecuente de lo que uno puede pensar a priori. El enemigo no suele estar en la calle, sino en el propio hogar. Según los datos de la Dirección General de Familia y Menor, casi la mitad (50 de 103) de las víctimas de abusos sexuales atendidas en el 2007 en la Región de Murcia sufrieron este tipo de maltrato por parte de familiares. De esos 103 menores atendidos, 17 sufrieron abuso por parte de su padre; 11 de su abuelo; 9 de primos o hermanos; 7 por parte de su tío y 6 por parte de su padrastro. Por el contrario, 29 de esos 103 agresores eran desconocidos para la víctima; 12 eran menores; 4 por parte de vecinos; otros tantos por parte de realquilados y cuatro más por parte de profesores.

Durante el 2008, la cifra de menores atendidos en el Proyecto Luz de la Dirección General de Familia y Menor aumentó hasta los 116. Trece casos más que el año anterior. Desde el 2002, cuando se trataron 40 casos de abuso a menores, un total de 511 niños -víctimas y agresores- han pasado por las manos del equipo de profesionales de este proyecto, «un programa dirigido a la atención de niños y adolescentes con sospecha de estar siendo objeto de abusos sexuales», según la directora general, Laura Muñoz. El Proyecto Luz trabaja sobre la víctima, el menor que agrede, la familia y la coordinación de las instituciones que intervienen en las denuncias. Además, la mayor parte de las 103 víctimas el año pasado son de nacionalidad española, mientras que alrededor del 25% son extranjeros.

Muñoz, acompañada por el fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, y por el vicerrector de Extensión Universitaria de la UMU, Francisco Guillermo Díaz, inauguró ayer las primeras Jornadas Nacionales sobre Abuso Sexual Infantil, que se celebran hasta el viernes en el hotel Nelva de Murcia organizadas por la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y que han congregado a más de 400 profesionales en la capital.

Atención especial

Según Laura Muñoz, el principal objetivo de estas jornadas es «coordinar la actuación de los diferentes ámbitos -educativo, administrativo, policial y judicial- para que la diligencia sea mayor y poder actuar con mayor rapidez». Asimismo, Muñoz indicó que otra de las metas es «sensibilizar a la sociedad y a todos los profesionales relacionados con los menores. Ante la menor sospecha, hay que denunciar». aseguró.

Durante las jornadas, los psicólogos forenses han demandado una ley específica y juzgados especiales para abordar los temas de abusos sexuales a menores, tal y como aseguraron ayer María José Catalán y Blanca Vázquez Mezquita, profesionales de la Audiencia Provincial de Murcia y de los juzgados de Madrid, respectivamente.

Catalán y Vázquez denunciaron la falta de recursos, a pesar de lo cual reconocieron «bastante sensibilidad» en la respuesta judicial, y pidieron que esa ley incluya un protocolo único de actuación de ámbito estatal y personal especializado para proceder a una única evaluación y a un sólo interrogatorio. Ambas añadieron, según la agencia Efe, que ahora «se trabaja con la buena intención, pero cada profesional va por libre, y a veces el menor se tiene que someter a varias valoraciones, lo que resta eficiencia a su tratamiento».

Catalán explicó que los menores víctimas de abusos sexuales son de cualquier edad y condición, «no hay un estándar», aunque se conocen más los de baja situación socio-económica por la labor que sobre estos sectores hacen los trabajadores sociales, y porque en otras clases se acude a tratamientos privados y se evita la denuncia judicial.

Pidió que se erradique la lentitud con la que se abordan estos temas, porque entre la denuncia y el juicio pueden pasar hasta 3 ó 4 años, lo que dificulta resolver el problema de la víctima, que a menudo tiene que reiterar su testimonio ante las fuerzas de seguridad, operadores jurídicos, peritos, familia y servicios sociales, lo que supone «una constante rememoración del trauma».