El Gobierno regional reabre la investigación de los vertederos

Quince días después de que La Verdad publicara que la Comunidad Autónoma y la Guardia Civil investigaban presuntas irregularidades en el vertedero municipal de Mina Regente, tres días después de revelar que el expediente fue archivado al perderse documentos de la empresa y dos días después de que ANSE denunciara que la basura del viejo vertedero de El Gorguel sale a la superficie, el Gobierno regional ordenó ayer una inspección urgente. Técnicos de la Consejería de Agricultura y Agua se desplazaron hasta Cartagena para visitar los dos basureros, en la Sierra Minera, y realizar un informe que puede acabar en sanciones para la sociedad municipal Lhicarsa, formada por el Ayuntamiento y la empresa FCC.

El director general de Calidad Ambiental, Francisco José Espejo, explicó que del acta de inspección se pueden derivar sanciones para Lhicarsa. Espejo admitió que, como pasó hace tres años con una multa de 18.000 euros por verter la basura mezclada y no controlar los líquidos en descomposición, una sanción a Lhicarsa repercutiría en el bolsillo de los cartageneros.

«La gestión repercute al final en el ciudadano. En los impuestos que todos pagamos se incluye la gestión de las basuras. Y gestionarlas bien forma parte de la responsabilidad de cada municipio», recordó Espejo. Éste restringió la responsabilidad de la Comunidad a la autorización de nuevos vertederos y los programas de vigilancia e inspección de los depósitos de vertido.

Los técnicos revisaron el viejo vertedero de El Gorguel para saber por qué la basura ha aflorado en un talud, a pesar de que el vertedero fue sellado con tierra y una malla geotextil hace cuatro años.

FCC y la revegetación

Una conclusión provisional es que «las últimas lluvias torrenciales han abierto cárcavas por donde ha salido basura». En este diagnóstico coincidió el Ayuntamiento de Cartagena, que por boca del portavoz del Gobierno municipal, Joaquín Segado, limitó lo ocurrido a un pequeño movimiento de tierras, lo calificó de «anecdótico» y manifestó que la ciudad es «un ejemplo en materia de reciclaje».

No obstante, Espejo señaló que quiere esclarecer si todo es efecto del agua o una deficiente aplicación del plan de clausura en cuanto a la revegetación del terreno con arbustos y árboles autóctonos.

El Ayuntamiento y FCC han planteado el instalar canalizaciones de agua para evitar nuevas erosiones, pero la Comunidad quiere conocer si el proyecto de sellado pasó por alto las condiciones especiales de la zona.

«Entiendo que en el proyecto se recogen estas circunstancias», dijo Espejo. La dirección de las obras de sellado y revegetación de 90.000 metros cuadrados, así como las de rehabilitación de la planta de tratamiento de basuras y la construcción de Mina Regente, fue adjudicada en el año 2003 a Grupotec S. L. por 171.900 euros. Para el proyecto total, de 12 millones de euros, el Ayuntamiento obtuvo 8 millones de fondos europeos.

La inspección urgente de Calidad Ambiental también afectó ayer a Mina Regente, tras las sospechas de que Lhicarsa aceptó tierras contaminadas del Valle de Escombreras y puede acumular ya más volumen de residuos del autorizado.

Datos contradictorios

Al margen de que el vertedero iba a durar quince años y sólo durará cinco, la Comunidad quiere saber si Lhicarsa ha sobrepasado el volumen de vertido autorizado, que se fijó en 1,2 millones de metros cúbicos. La empresa dijo el viernes que lleva acumulado sólo 1,1 millones y acumulará basura hasta abril.

Sin embargo, Espejo reveló que la empresa Topolev, que colabora con la administración, acreditó en junio que en Mina Regente había ya 1.143.000 millones de metros cúbicos. Si una medición acreditara que ahora hay más basura del tope legal y la Comunidad prohibiera arrojar más residuos, el Ayuntamiento no podría llevarla al vertedero nuevo, porque las obras no están acabadas.