
Hurtado, cuya condición de senador le hace aforado y sólo juzgable por el Tribunal Supremo, comparece ya que este tribunal exige antes de hacerse cargo de la instrucción que se dilucide la existencia de algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a la imputación. Por ello, el titular del Juzgado de Molina deberá primero apreciar «que existan indicios racionales de criminalidad contra el aforado», según fuentes judiciales.
Además de la toma de declaración a Hurtado, el Juzgado recepcionará varios documentos oficiales del Ayuntamiento de Ceutí que podrían apuntalar la acusación contra el ex alcalde, entre ellos, la certificación de existencia de un crédito anterior a la celebración del contrato para la construcción del pabellón y varias actas de las Juntas de Gobierno Local, así como el acuerdo por el que se aprobó el pliego de condiciones y la copia del proyecto técnico.
Hurtado afirmó en abril que «los alcaldes no redactamos los contratos ni somos técnicos, sólo firmamos», y señaló que «debe haber alguien con mucho interés en este asunto, después de que el juez archivara la querella y la Fiscalía recurriera la decisión». El que fue durante 28 años alcalde de Ceutí añade que «no pude cometer prevaricación porque a mi nadie me ha hecho advertencia de ilegalidad del contrato, ni el interventor, ni los servicios jurídicos».
Los hechos se remontan a mayo del 2007, cuando dos miembros del PP presentaron una querella criminal contra Hurtado , por «presunto delito de prevaricación y un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación y contratación» de la obra.








