Ya nadie niega que el Servicio Murciano de Salud (SMS) se encuentra en una situación financiera complicada, con un déficit acumulado de 417 millones de euros, según consta en la memoria enviada por el director gerente de este organismo, José Manuel Allegue, al Tribunal de Cuentas. Aunque la consejera de Sanidad, Ángeles Palacios, rebaja algo esa deuda -la sitúa en unos 300 millones- ha admitido públicamente su preocupación por el estado de las cuentas del sistema sanitario público de la Región. Con la crisis galopante en todos los sectores económicos, la situación se agrava. Decenas de proveedores del SMS denuncian que llevan meses sin cobrar, y advierten de que si el dinero sigue sin llegar podrían terminar cerrando sus empresas.

Para hacer frente a este panorama, el SMS prepara un plan de contención del gasto que seguirá la pauta del que ya se ha puesto en marcha en la administración general de la Comunidad Autónoma. El objetivo será reducir el gasto corriente -materiales de oficina, teléfono, etc- y muy especialmente, el farmacéutico, con el impulso a la prescripción por principio activo. Esta misma semana se ha conocido que la factura farmacéutica ha crecido más de un 10% en la Región, de nuevo por encima de la media nacional. Además, el precio medio por receta también crece más en Murcia (2,10%) que en el conjunto de España (1,12%).

El tercer pilar del plan que prepara la Consejería será el recorte en gastos de personal. El director general de Asistencia Especializada, Tomás Fernández, recalca que se mantiene la oferta pública de empleo (OPE), que permitirá la convocatoria de 4.260 plazas, y que «en ningún caso se verá afectada la asistencia sanitaria, que mantendrá sus niveles de calidad».

Primeras medidas

Mientras, algunas gerencias empiezan a tomar ya medidas. Así, el gerente de Atención Primaria de Cartagena, Juan Francisco Martínez, ha enviado una nota interna a todos los coordinadores de centros de salud, servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP) y otros equipos a su cargo en la que se detallan los recortes que se llevarán a cabo ante «la actual situación económica y presupuestaria». El documento advierte de que «no se autorizará ningún nombramiento por acumulación de tareas» (es decir, contrataciones eventuales fuera de plantilla).