MURCIA

Si con motivo de la colocación de la primera piedra -allá por junio de 2005- el consejo rector de la cooperativa organizó una fiesta por todo lo alto, en esta ocasión el evento tendrá también su singularidad. Al mismo han sido invitados tanto el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, como el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, entre otras autoridades. Cabe recordar que el proyecto de la cooperativa salió adelante con el apoyo de las dos instituciones. Se trata, hasta el momento, del proyecto más ambicioso de vivienda protegida para jóvenes, no en vano en esta primera fase se están construyendo 1.300 viviendas en un total de ocho manzanas.
Un convenio a tres bandas firmado entre Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y la cooperativa Joven Futura permitió recalificar suelo junto a la Ronda Oeste para construir 1.300 pisos a precios asequibles para los menores de 35 años. En virtud del convenio, el Ayuntamiento se comprometió a transformar como suelo urbanizable de media densidad unos 314.000 metros cuadrados de superficie junto a la Ronda Oeste, en una zona próxima a la avenida Juan Carlos I, El Ranero y la autovía Murcia-Cartagena, considerados en el Plan General como no urbanizable. Y la Comunidad Autónoma se comprometió a la aprobación definitiva de la modificación del Plan Urbano.
Se trata de pisos de entre 70 y 79 m2, con 3 dormitorios, plaza de garaje y trastero y servicio comunitario de piscina. El precio de venta ronda los 100.000 euros.
Con el acto previsto para el próximo 31 de octubre comienza formalmente la entrega de viviendas de la cooperativa, que seguirá el próximo diciembre con las 177 de la Parcela F.
En la escritura de adjudicación de la vivienda se establecerá un fondo de reserva, a falta de liquidación final, para hacer frente a los gastos arqueológicos, que se hará en metálico o mediante aval bancario, por el importe de 3.295 euros, ya que ésta es la cantidad a la que ascendían los gastos por lo restos arqueológicos a 31 de diciembre de 2.007 conforme el Informe de Auditoria. Esta cantidad está condicionada a la liquidación final de los costes arqueológicos, y se descontará, en su caso, si ha habido algún tipo de ayuda por parte de las Administraciones Públicas. La cooperativa reclamó a la Administración 9 millones por los perjuicios derivados de las excavaciones.










