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ALBACETE - ALICANTE - MURCIA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

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REGIÓN MURCIA

La Consejería de Obras Públicas no notificó dentro de plazo a Trinitario Casanova la decisión judicial, por lo que la suspensión está sin efecto El Gobierno regional dice que la situación no cambia: «No se puede construir»

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Un error procesal anula el auto del TSJ y deja La Zerrichera como terreno urbanizable
PERSONADOS. Presentación del complejo de La Zerrichera en abril del 2006 en Águilas por Trinitario Casanova (sentado). Con él, Ángel Sanz (Grupo Lar), Juan Manuel Garmendia (Inverlur) y Eduardo Morales (C-1). Casanova e Inverlur se han personado. SONIA M. LARIO/ AGM
La polémica finca de La Zerrichera de Águilas es actualmente urbanizable con todas las de la ley, por lo que una parte de ésta sigue desprotegida ambientalmente. Un defecto procesal ha dejado sin efecto la paralización cautelar que dictó el año pasado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ). La causa de este error se debe a que la Consejería de Obras Públicas no emplazó dentro del calendario legal previsto a las partes interesadas, en este caso el Grupo Inversor Hispania, para que conocieran el auto judicial y tuvieran oportunidad de personarse en la causa y defender sus intereses. Esto hizo que el propio TSJ declarara la nulidad de su auto, situación que se mantiene en la actualidad, según ha confirmado a La Verdad la oficina de prensa del alto tribunal.

DOS OBSTÁCULOS

No se puede construir

¿Quiere esto decir que se puede construir dentro de las 240 hectáreas de La Zerrichera? Esta nulidad procesal no tiene virtualidad práctica a estos efectos, según explicaron ayer fuentes de la Administración regional, que admiten que la citada consejería no emplazó a las partes interesadas. Para poder construir debe mediar un plan parcial que sigue suspendido por el Ayuntamiento de Águilas. Asimismo, habría que superar la orden que emitió en su día la Consejería de Medio Ambiente, en mayo del 2006, contraria a la construcción de las 4.000 viviendas porque el proyecto que presentaron el Grupo Hispania y sus socios de entonces no se ajustaba a las especificaciones del estudio de impacto ambiental. Eso después de que saltara el escándalo.

Con estos dos obstáculos administrativos, la construcción de la urbanización no es posible dentro de esta zona. No obstante, a raíz de la nulidad del auto del TSJ, la finca mantiene su consideración de urbanizable a todos los efectos, de acuerdo con la orden que firmó en febrero del año 2006 el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana.

¿POR QUÉ NO SE NOTIFICÓ?

Se pasaron los plazos

El auto del TSJ que paralizó el decreto de Bascuñana se decidió el 26 de julio del 2007, atendiendo a un recurso de la Asociación de Naturalistas del Sureste. Los magistrados consideraron que la paralización de dicho decreto «no causaba perjuicio alguno al interés general», y que la decisión judicial estaba tomada sobre la base de las decisiones del Gobierno regional y del Ayuntamiento aguileño de suspender el proyecto.

Era, de hecho, una suspensión judicial sobre algo que ya estaba suspendido administrativa y políticamente. Eso no impidió que el auto del TSJ tuviera una gran repercusión social debido a la actuación que llevaba a cabo la Fiscalía, la cual imputó al alcalde aguileño y a varios ex altos cargos de la Comunidad, entre otros. Los magistrados, asimismo, advertían de que las partes no ponían en duda la existencia de valores ambientales en la zona, por lo que la urbanización podía resultar perjudicial en tanto que no se entrara en el fondo del asunto.

TRINITARIO RECURRE

El TSJ anula el auto

El nuevo titular de la Consejería de Obras Públicas, José Ballesta, que estaba recién llegado junto con su equipo, disponía de 20 días para remitir todo el expediente de La Zerrichera al TSJ. Así como nueve días para emplazar a las partes. Esto segundo no lo hizo, razón por la cual los abogados de Trinitario Casanova, propietario en aquella época del Grupo Inversor Hispania, recurrierron. Fuentes del Ejecutivo regional niegan cualquier intencionalidad y lo atribuyen a un descuido, ya que el defecto procesal no varía la situación del proyecto urbanístico.

El 22 de enero pasado, la Sala del TSJ declaró la nulidad de lo actuado hasta ese momento. La causa se retrotrae al día anterior en el que se dictó el auto, lo cual quiere decir que se empieza de nuevo. El siguiente paso del TSJ será resolver de nuevo las medidas cautelares y estudiar las alegaciones del Grupo Hispania. Como se sabe, Trinitario Casanova vendió su empresa al Grupo 2000 de José Ramón Carabante. Todo, menos precisamente el proyecto de La Zerrichera.

UN RETRASO

La causa empieza de nuevo

También se han personado, y presentado alegaciones, Inverlur Águilas 1 SL e Inverlur Águilas 2 S.L., la inmobiliaria de La Kutxa, la Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián, que es la propietaria de los terrenos que le vendió Casanova.

Otras fuentes judiciales consultadas consideran esta nulidad «un retraso» de la causa. No se atreven a adelantar qué nueva decisión tomará el TSJ, aunque creen que puede ser la misma que la del verano pasado.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional rechazó el miércoles la petición del PSOE de revocar el decreto de la Consejería de Obras Públicas que declaró urbanizable La Zerrichera argumentando, entre otros motivos, que había que esperar a las decisiones judiciales en curso. El diputado Martín Quiñonero señaló no obstante que la modificación urbanística -de unos terrenos protegidos como ZEPA- era «viable y realizada de acuerdo con todos los estudios ambientales».

Los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, por su parte, han realizado un informe sobre el decreto que se prepara para aprobar el Plan de Gestión de la zona, en la Sierra de La Almenara, indicando que la Consejería de Obras Públicas debe pronunciarse sobre los efectos que pueden tener en dicho Plan algunas figuras de planeamiento ya aprobadas, como la de La Zerrichera. La Consejería debe advertir en una disposición que ese proyecto urbanístico podría quedar derogado o modificado.
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