El juez Carlos Dívar, con 28 años en la Audiencia Nacional a sus espaldas luchando contra el terrorismo, apreciado por todos, elegido presidente de la Audiencia por unanimidad de progresistas y conservadores, reconocido por su profesionalidad y discreción, en las antípodas de los jueces estrella, es sin duda una buena elección para la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Sus creencias religiosas, al parecer acendradas, no afectan en absoluto a este juicio de valor, y es curioso constatar que quienes las han objetado sean precisamente los mismos que sostienen que la esfera de la religiosidad debe ser una cuestión privada. Es, pues, plausible que la mayoría política socialista haya renunciado a colocar en el cargo a un magistrado proclive a sus ideas e intereses, con lo que se hubiera asegurado decisiones favorables gracias al voto de calidad del presidente del Consejo, en el que PSOE y PP tienen -no es ningún secreto- nueve consejeros cada uno. Porque los dos nacionalistas votarán, como es lógico, sin plegarse a consignas de los grandes partidos.

Pero dicho esto, reconocida la solvencia del designado y la pertinencia de la designación, hay que manifestar acto seguido la mayor perplejidad por el hecho de que el señalamiento se haya hecho, con todo desparpajo, mediante una notificación de La Moncloa, en la que se hacía constar que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había decidido nombrar a Carlos Dívar, con el beneplácito del principal partido de la oposición.

Una lectura minuciosa del artículo 122 de la Constitución lleva a la conclusión de que la regulación del Consejo General del Poder Judicial abre un amplio margen de discrecionalidad puesto que remite a una ley orgánica en lo tocante a su estatuto, incompatibilidades, funciones, etc., pero de ninguna manera se desprende de dicha disposición que incumba al presidente del Gobierno, representante genuino del Poder Ejecutivo, la designación del presidente del Consejo.

Con toda evidencia, Rodríguez Zapatero, a instancias al parecer de Fernández de la Vega, ha querido poner un punto de grandeza en una designación institucional que, como siempre, ha sido un pobre reparto por cuotas de cargos relevantes otorgados a los más afines o en pago a servicios prestados. No han primado la brillantez jurídica, el prestigio profesional ni siquiera el mérito corporativo: los nombramientos son una devolución de favores o una compra de lealtades, según los casos.

Así las cosas, y sin minusvalorar el gesto, poner a Carlos Dívar al frente de una corporación tan politizada es, además de hacerle un flaco favor, pretender tapar un desaguisado con el prestigio de un magistrado independiente que tendrá que soportar presiones exorbitantes y que muy difícilmente conseguirá embridar el regalo envenenado que acaban de hacerle.

Es muy difícil asimismo que la opinión pública aprecie el gesto en lo que vale ya que queda eclipsado por el desbarajuste general.

Por más que tampoco pueda hablarse de simetría en las conductas de los dos principales partidos: por bien intencionado que sea el análisis, el partidismo rampante del PP ofende a la vista cuando se conoce que Fernando de Rosa llega a la vicepresidencia del CGPJ desde la consejería de Justicia de la Generalitat valenciana, o que dos juezas de instrucción han sido elevadas a sendas consejerías por el hecho de haber instruido los sumarios del incendio de Guadalajara y del ácido bórico, respectivamente, ambos lesivos para los intereses socialistas y este último citado reiteradamente como aval de la teoría de la conspiración que vinculaba los atentados del 11-M con ETA.

Así las cosas, y cuando negros nubarrones se ciernen asimismo sobre el Tribunal Constitucional por la obstinación popular en colocar en esta institución a Francisco José Hernando y a Enrique López, ex presidente y ex portavoz del anterior CGPJ, ambos muy marcados políticamente por sus opiniones sobre asuntos candentes (el Estatuto de Cataluña o el matrimonio entre homosexuales, por ejemplo), puede ya asegurarse que la reforma de la Justicia, que debería provenir de la voluntad de pacto proclamada por Zapatero y Rajoy, quedará en nada. Se ha perdido una magnífica ocasión de despolitizar el Constitucional y el Consejo General, y con estos mimbres resultará muy difícil imprimir vientos verdaderamente imaginativos e innovadores al ámbito de la Justicia. Porque salvo la llegada de Dívar, que habrá de navegar solo en un mar proceloso, el resto de la renovación institucional adolece de los mismos vicios que antaño: partidismo, manipulación, politización son los conceptos que describen el paisaje.