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educación para la ciudadanía

El PSRM tilda de "absurda" la pretensión del consejero de Educación de "declarar fuera de la ley los libros de texto"

EUROPA PRESS|

Lunes, 8 de septiembre 2008, 21:16

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El diputado regional del PSOE, Jesús López, afirmó hoy, en un comunicado, que "la pretensión del consejero de Educación, Ciencia e Investigación, Juan Ramón Medina, de declarar fuera de la ley los libros de texto de Educación para la Ciudadanía, aparte de absurda, sólo pretende distraer a profesores, sindicatos y opinión pública en general de los problemas reales de la educación en la Región, que aparecen con crudeza en el inicio del curso escolar".

Al respecto, recordó que los libros de texto de Educación para la Ciudadanía "se publicaron, en su inmensa mayoría, el curso pasado, antes de conocerse el decreto de la Región de Murcia, que es cuando fue impartida a más de 100.000 alumnos en toda España en 3º de ESO". "Son libros absolutamente legales y desarrollan contenidos de interés general", aseveró.

Y es que, a su juicio, "es absurdo pensar que los alumnos se van a dedicar a denunciar a los profesores por impartir unos determinados contenidos en ésta como en otras asignaturas, porque además existe la libertad de cátedra".

De este modo, no dudó en afirmar que "estaría bueno que el consejero de Educación se dedicara ahora a intoxicar las relaciones entre profesores y alumnos, o a viciar el desarrollo de las clases con asuntos ideológicos de su partido".

Al hilo, puso de manifiesto que "lo que para el Ministerio de Educación es ilegal es el Decreto publicado por la Consejería de Educación de Murcia, que está en los tribunales de Justicia".

Es por ello por lo que consideró que "resulta inconcebible que el Gobierno regional intente ahora implicar al profesorado en las batallas políticas del Partido Popular", ya que, subrayó, la asignatura de EpC es "común y obligatoria, por lo que no cursarla supone suspenderla".

De hecho, hizo referencia a que en Murcia "no existe sentencia judicial alguna que respalde la llamada objeción de conciencia y que avale la ilegal instrucción de la Consejería de Educación en el sentido de eximir a nadie de cursar la asignatura".

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