La protección de costas amenaza el último poblado de pescadores

Una mañana de agosto en una playa murciana. Una brisa tenue trae a la playa olas bajas y mueve las piedras pulidas que, con la resaca, caen de nuevo al mar, sonando como un zapateo arrítmico sobre un tablado. No hay más sonidos que esos. Avanza el día y los mayores del pueblo comienzan sus paseos, se saludan con la cabeza y convergen en la terraza, donde toman refrescos o sólo el aire. Más tarde comienzan los bailes y juegos para niños en el chiringuito y aparecen dos o tres parejas de turistas que miran en derredor con cara de asombro y placer, al no ver grandes urbanizaciones ni paseos marítimos, y terminan por sentarse junto a los viejos, a los que preguntan por tal o cual cala de la zona.

El poblado de Puntas de Calnegre, a medio camino entre Águilas y Mazarrón, aunque en el término municipal de Lorca, es uno de los pocos lugares que, en la costa mediterránea, están todavía libres de la urbanización masiva y del aprovechamiento intensivo de sus potencialidades turísticas -como diría un político-. Hay apenas medio centenar de casas y 231 habitantes censados, un estanco, un bar y un restaurante, una tienda y un albergue. Surgido como un asentamiento de pescadores, algunas de las construcciones -ninguna de más de 15 metros de altura- tienen más de 200 años de antigüedad, según cuentan sus vecinos.

Objetivo de planes urbanísticos, pende sobre la zona una amenaza que, por irónico que resulte, es tal vez lo que la ha mantenido hasta ahora libre de especulaciones y resorts. El deslinde de la Demarcación de Costas del Estado estipula que la gran mayoría de las construcciones deben desaparecer, puesto que se encuentran demasiado cerca de la línea de costa y, por lo tanto, ocupan áreas públicas de protección. Además de la zona de dominio público marítimo-terrestre, la servidumbre de tránsito recae sobre una franja de seis metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar, que de hecho suele ser bastante más lejos de la línea de la marea alta. Esta zona debe dejarse permanentemente expedita para el paso de peatones y vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos (artículo 27 de la Ley 22/1988, de Costas).

Informes negativos

Así, tras varios informes negativos de la Demarcación se inició un expediente de propuesta de ratificación de los deslindes aprobados por órdenes ministeriales de 1975 y 1977 con una representación cartográfica actualizada del tramo de la costa que corresponde a este poblado. Ello supondría la expropiación y posterior derribo de las casas.

Los vecinos, naturalmente, se oponen y, del mismo modo que el Ayuntamiento, mantienen un litigio con la Dirección Provincial de Costas para evitar la demolición y práctica desaparición del poblado. Tras pasar por varias instancias, todas las sentencias judiciales han sido favorables al derribo. La última batalla de letrados se libra en el Tribunal Supremo, que en la actualidad debe decidir si admite a trámite el recurso de tasación interpuesto por los abogados de la asociación de afectados contra la orden ministerial. Si resulta que no es admisible, los vecinos habrán perdido; de otro modo, el litigio aún tendría que durar de tres a cuatro años más.

Prohibidas las reformas

Mientras los directores provinciales, concejales, abogados y jueces, dirimen el caso -excepto los que han alargado sus vacaciones-, en Calnegre los vecinos hacen su vida tranquila. Aunque sufren ya desde hace años la prohibición de llevar a cabo reformas en las casas amenazadas, pues el Ministerio les dio en 2000 un plazo de veinte años para abandonarlas.

Entretanto, a las calas cercanas van, en coche y sin pasar por el poblado, familias y grupos de jóvenes de Águilas y Mazarrón, cansados de playas rebosantes de verano, buscando la quietud de la calade las Mujeres.

Claro que en las Puntas de Calnegre no es oro todo lo que reluce, el uso y el abuso de los caminos y las playas han provocado que las administraciones, tanto el Consistorio como la Demarcación, hayan tenido que gastar dinero en restringir el paso de vehículos, limpiar y recoger la basura que dejan los veraneantes desaprensivos. Además, son constantes las denuncias por acampada ilegal.

El futuro de Calnegre está tapado por el manto judicial, a menos que vecinos, Costas y el Ayuntamiento encuentren otra forma de solucionarlo. Algo a lo que parece que ninguno está cerrado, aunque tampoco hayan puesto de su parte. Los vecinos, que quieren sus casas. Costas, aplicar la legislación vigente. Y en la lorquina plaza de España, los alcaldes que han pasado en los últimos años han tenido en mente proyectos como un puerto pesquero-deportivo y un dique de abrigo. Ambas ideas se contemplan, junto a otros planes parciales, en el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), que se aprobó definitivamente en julio.

El PGMO permite el «desarrollo del litoral lorquino», una vez garantizado el suministro de agua a los desarrollos urbanísticos -merced a un acuerdo al que llegaron la Consejería de Agricultura y Agua y el Ayuntamiento-. Los planes parciales afectan a una superficie de 1.200 hectáreas, la mitad en Ramonete, pocos kilómetros al interior desde Calnegre, en las que habrá una limitación de 16 viviendas por hectárea, e incluyen también la zona conocida como Loma de Bas, límite oriental del proyecto turístico estrella de la Región de Murcia, la Actuación de Interés Regional, según una figura de protección aprobada recientemente, de Marina de Cope.