REGIÓN MURCIA
Entre las más «graves», según apunta, se encuentra el número de afectados del residencial que Riviera Coast planeaba construir en Murcia y que finalmente no se ha realizado, y los beneficios que han obtenido en la operación. El número de estudios de la promoción, según datos aportados por la propia empresa, es de 1.051 y no de 2.000, de los cuáles se vendieron un tercio, concretamente 265. El importe total de las ventas alcanzaba los 12 millones de euros y no 45 millones de euros, y la cantidad cobrada por la empresa fue de 6 millones, lo que resulta de multiplicar los 22.910 euros que cada comprador debía pagar por anticipado por el inmueble, el 50% del total de la compra, por los 265 estudios vendidos, dijo ayer.
«La empresa ha perdido más de dos millones de euros en Murcia, además de la oportunidad de realizar la promoción y los perjuicios de imagen generados», sostiene Piñeiro. «Los perjuicios que todo esto ha ocasionado a Riviera Coast Invest S. L. han sido elevadísimos, no únicamente a los efectos del lucro cesante en relación a la no ejecución del proyecto, sino con costes soportados por aspectos como de la comercialización, oficinas, publicidad, proyectos arquitectónicos, financieros, personal e inversiones realizadas», añade.
El Grupo Riviera Coast Invest S. L. ha interpuesto tres querellas al abogado de los afectados, José Luis Escobar, por difamación. «Su única intención es sacar beneficio. Él está buscando beneficios para sí mismo y se dedica a sembar el pánico entre los afectados, que los hay, pero que no son cientos».
Piñeiro explica que la promotora decidió abandonar el proyecto después de esperar 18 meses a que se concediera la licencia de obras. No se consiguió y Riviera Coast contactó con «todos los afectados» y les ofreció dos alternativas para recuperar su inversión: cambiarla a promociones en otras zonas o a bienes inmuebles como plazas de garajes en Murcia, o con la devolución del dinero que habían pagado.
Los inversores se acogieron a los opciones que prefirieron y «una parte se ha visto afectada por el concurso voluntario de acreedores que presentó la empresa el 21 de julio, no en junio», señala. En total, quedan 67 personas pendientes de recuperar su inversión, «no cientos», y, de los 6 millones de euros que reportó la promoción, 2,9 millones de euros por devolver.
Concurso de acreedores
La promotora ha realizado una demanda voluntaria de concurso de acreedores y ha presentado un plan de viabilidad para «salvar la empresa». «Por supuesto, se harán frente a todas las deudas. Esa es nuestra intención», dice Piñeira. «Sabemos que hay gente perjudicada pero ha estado informada en todo momento. Siempre hemos dado la cara. Ahora nos encontramos en una situación complicada por la coyuntura económica y por la crisis inmobiliaria, pero queremos resolverlo», defiende.
El director de marketing de Riviera Invest asegura que en ningún caso «se han presentado avales falsos», pero que éstos «tenían fecha de caducidad»; que se adquirió el terreno en 2006 y se pidió la licencia de obra en febrero de 2007, en contra de la información facilitada por los afectados y su abogado, que apuntan a que el proyecto era una estafa porque el terreno nunca fue de su propiedad.
«Riviera adquirió la finca mediante un contrato de compra-venta que estaba supeditado a varias cuestiones», explica Piñeiro. Entre ellas estaba la concesión de la licencia de obras que nunca fue concedida. Piñeiro asegura que la intención de la empresa es resolver el asunto lo mejor posible para todos los afectados, que toda la documentación se encuentra ahora en el juzgado y que será la justicia la que decidida lo que corresponde a cada uno.
Dijo que no habían contestado a las llamadas de La Verdad porque la empresa estuvo unos días de vacaciones.








